De los 327 millones de pesos que reasignará la 65 Legislatura como ajuste al presupuesto que ejercerá en Sinaloa el gobierno de Rubén Rocha Moya el próximo año, casi una tercera parte se aplicará al área de la seguridad pública en respuesta a la violencia de alto impacto que causa estragos en lo social y económico.

El Congreso de Estado hace eco de la demanda generalizada de los sinaloenses que durante casi cien días han soportado las consecuencias del choque entre células criminales del Cártel de Sinaloa, sin tener certidumbre de cómo y cuándo será recuperadas los niveles aceptables de paz fincados en la ley, la justicia, el respeto y los valores.

De las reasignaciones, 18 millones de pesos serán para la Secretaría de Seguridad Pública, 3 millones de pesos para la profesionalización de policías y apoyo a la carrera policial, 10 millones de pesos para la creación de la Policía Cibernética y 15.5 millones de pesos para la adquisición de 10 patrullas y una grúa con plataforma, así como 51
millones de pesos para fortalecer a la Fiscalía General del Estado.

Por supuesto que son insuficientes los recursos para combatir al monstruo de la violencia que en cuanto le cortan una cabeza le brotan mil más, pero la voluntad es lo que cuenta como primer eslabón de la cadena gobierno-sociedad que tendrá que convertirse en la solución a corto y largo plazo, construyendo paz con perseverancia y buenas prácticas ciudadanas y gubernamentales.

El gobernador y las diputadas y diputados deberán tocar más puertas en los ámbitos federal y estatal para que mayores recursos públicos y esfuerzos tácticos se sumen a pacificar Sinaloa, no más para coyunturas específicas sino como forma ordinaria de vida. Por ello, en medio de un presupuesto castigado cuenta mucho mostrar aunque sea la disposición por hacer más.

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