Las repercusiones de la violencia continúan implacables contra sectores de la economía, específicamente el giro restaurantero, que en vez de ver llegar las condiciones para recuperar lo perdido ingresan a etapas de mayores perjuicios y ven limitada la capacidad de resistencia al grado de determinar retirarse de negocios que habían permanecido durante décadas y que eran el sostén de muchas familias.

Frente a la devastadora acción de la guerra que libran los dos principales segmentos del narcotráfico que integran el Cártel de Sinaloa la respuesta del Gobierno del Estado resulta insuficiente en materia de apoyos económicos pues a pesar de los recursos públicos dispersados por el orden de los 140 millones de pesos, el beneficio se diluye al distribuirse en muchos, que son más de 40 mil pequeños comerciantes.

Más allá de la ayuda monetaria, no llegan las condiciones de seguridad pública para que las empresas micro, pequeñas y medianas continúen en operaciones, generen empleos y aporten a la economía estatal, cerrando el ciclo de miedo en los propietarios de los establecimientos y en los clientes que es el origen y centro de estas dificultades asociadas a la crisis del sistema de protección ciudadana que se ve rebasado por la acción de la delincuencia.

Las ramas productivas y los quehaceres que son la única posibilidad de sustento de miles de sinaloenses no pueden apostarle a sobrevivir con los apoyos que el gobierno otorga, ni la administración pública estatal tiene disponibilidad ilimitada de recursos para mantener los mecanismos de ayuda implementados, por lo cual la mejor condicionante para restablecer las ambientes idóneos de la economía está en recuperar la paz sustentada en la legalidad y civilidad.

El Gobierno de Rubén Rocha Moya está emplazado a ofrecer circunstancias adecuadas para que las actividades económica retomen el dinamismo que les caracteriza, mantengan las fuentes de trabajo y contribuyan a la finanzas gubernamentales a través del pago de impuestos. Si bien es cierto que la emergencia actual reclama alicientes que mitiguen el menoscabo en las empresas, la realidad dice que el mejor incentivo consiste en la certidumbre que emana del Estado de derecho.

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