Si el crimen organizado está escalando a métodos que significan o ya están cerca del terrorismo, la fuerza pública federal y estatal también deber subir el nivel de prevención y respuesta frente a eventos como el de ayer en la zona de La Limita de Itaje, en Culiacán, donde el uso de drones con explosivos tomó por sorpresa a militares que efectuaban el aseguramiento de un inmueble.

El uso de dispositivos de manejo remoto con fines de violencia ha quedado en evidencia en diferentes partes de México donde el narcotráfico libra guerras internas, lo cual da por asentado que las instituciones militares y policiacas están preparadas para resguardarse de este tipo de ataques y anticiparse a consecuencias como las que dejaron a dos militares heridos en la capital de Sinaloa.

Para proteger a la población pacífica de esta tecnología que la delincuencia aplica en sus narcoguerras es necesario que primero las Bases de Operaciones Interinstitucionales que realizan labores de contención criminal sepan cómo defenderse en sus acciones urbanas y rurales de todas las formas a las que acuden los transgresores de la ley, evitando incurrir en imprudencias y excesos de confianza.

Aparte de la afectación a los activos castrenses, la utilización de drones con explosivos le agregó preocupación a la población sinaloense que apenas ve algún resquicio de tranquilidad, al reportarse un caso de homicidio el miércoles, y a las horas sufre el aturdimiento por modos de delinquir que antes no aparecían en el manual de violencia al que se ciñen los segmentos confrontados en el Cártel de Sinaloa.

Al impacto del posible hecho de narcoterrorismo en La Limita de Itaje se le añade la evidencia de que las fuerzas del orden sean víctimas del factor sorpresa que las organizaciones hamponiles le imprimen a sus guerras, cuando la lógica militar determinaría la correspondiente acción de anticipación. Si los ciudadanos perciben descuidados a los proveedores de seguridad pública, en lo particular o lo colectivo recrudece la percepción de desamparo.

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