Culiacán, Sinaloa.- Organizaciones integrantes de la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS), advirtieron que, de aprobarse la iniciativa para la nueva Ley de Transparencia de Sinaloa presentada por el ejecutivo estatal, se estaría blindando a los funcionarios y exfuncionarios que se encuentran en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con Marlene León, directora de la asociación Iniciativa Sinaloa, la propuesta centraliza el control de la información y amplía las causales para reservarla, lo que impediría a la ciudadanía acceder a datos relacionados con investigaciones o el ejercicio de recursos públicos de dichos funcionarios.
“Antes nomás estaba que obstruya la prevención y persecución de delitos, pero ahora te dice que también se va a poder reservar si esta pudiera alterar el proceso, la investigación o afecte o vulnere la condición del mismo, hasta que no hayan quedado firmes”, dijo.
“Es importante por el contexto que ahorita estamos, si nosotros quisiéramos solicitar información sobre alguno de los diez funcionarios o ex funcionarios públicos que han sido acusados por Estados Unidos pueden reservar la información a causa de esta disposición”, agregó.
De acuerdo con RECIAS, la iniciativa enviada al Congreso del Estado por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, representa un retroceso en la transparencia no solo por eliminar a CEAIP, sino también por excluir sujetos obligados, ampliar el catálogo de información reservada y hacer más lento el proceso de obtención de información pública.
“Vemos que es una iniciativa a favor de las autoridades y en contra de la propia sociedad, en contra del derecho de acceso a la información pública, entonces nos están vulnerando de una forma tremenda nuestros derechos y sería un mensaje equivocado si el Congreso decide avanzar con esto en este contexto que está pasando la entidad”, mencionó Marlene León.
Tras un análisis comparativo de la Ley de Transparencia actual frente a la iniciativa del ejecutivo estatal, RECIAS detectó que se estarían disminuyendo las herramientas para acceder a información pública, con aspectos como:
- Eliminación del órgano garante autónomo de CEAIP.
- Dejan fuera a los municipios de las autoridades garantes.
- Excluye a ayuntamientos, partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados.
- Se dejó de lado la obligación de transparentar el gasto público.
- No establece un proceso autónomo, transparente y específico para designar titulares de autoridades garantes.
- Se elimina la transparencia proactiva y el gobierno abierto como mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana.
- Eliminación del Consejo Consultivo.
- Ampliación de plazos y eliminación de incentivos de respuestas.
- Ampliación de causales de reserva de la información.
- Ampliación del concepto de información confidencial.
“Nos lleva a que es una ley que está hecha a favor del sujeto obligado y no para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía”, destacó Gustavo Rojo, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, al advertir que, la iniciativa también elimina la aplicación supletoria de la Constitución y de los tratados internacionales, dejando que el acceso a la información pública quede sujeto únicamente a lo que establezca la propia ley.
Por su parte, Ximena Con X, integrante de Tacuichamona MX, consideró que la propuesta dificultará aún más que las comunidades puedan acceder a información pública que es relevante para la vida diaria.
“Ya es sumamente complicado en los territorios donde no hay infraestructura telefónica, donde no hay internet, donde moverse para hacer solicitudes es super complicado, ahora agregarle que, a nosotros nos preocupa, por ejemplo, de las muchas cosas que nos preocupan, es el aumento en las reservas de información”, dijo.
Ante ello, hizo un llamado no solo a las y los diputados de tomar en cuenta las observaciones sobre los retrocesos que implicaría la aprobación de la iniciativa, sino también a las ciudadanía para involucrarse en la discusión sobre el acceso a la información pública.
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