México.- En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, un grupo de organizaciones ambientalistas exigió detener la expansión de megaproyectos de gas natural licuado (GNL) en el Golfo de California y sus zonas terrestres asociadas, advirtiendo que se trata de una amenaza grave para los ecosistemas, el clima y las comunidades de la región.
Los firmantes, entre ellos el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente y Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, solicitaron formalmente al Gobierno de México la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) regional, la revocación de autorizaciones ya emitidas y el establecimiento de una moratoria a nuevos proyectos de GNL en el área.
La carta identifica al menos cuatro proyectos en diferentes fases de desarrollo: el gasoducto Sierra Madre (de la frontera a Puerto Libertad), la terminal Saguaro Energía en Sonora, el gasoducto Corredor Norte, y la terminal Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa. Dos de ellos ya fueron autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), mientras que los otros están en proceso de evaluación.
Pero de acuerdo con las organizaciones, estos proyectos no solo implican obras de alto impacto como dragados, construcción de ductos, instalación de plantas de licuefacción y aumento del tráfico marítimo, sino también una carga significativa de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contradice las metas climáticas del país.
“De manera directa e indirecta, conllevan un deterioro del equilibrio ecológico en la región, afectando procesos esenciales como la productividad primaria, conectividad de hábitats y equilibrio de las cadenas tróficas”, señala la carta.
Ecosistema bajo presión
El Golfo de California es considerado uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta. Alberga 25 Áreas Naturales Protegidas federales, 29 sitios Ramsar y es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, también es una de las regiones más vulnerables ante el cambio climático, con aumentos en la temperatura superficial del mar, retroceso de líneas costeras y pérdida de especies clave como la vaquita marina.
Si además de esto se llevan a cabo los proyectos energéticos planeados, se generarán impactos graves e irreversibles sobre ecosistemas marinos, costeros y terrestres en el Golfo de California, advierten.
Además del deterioro ambiental, las organizaciones alertan sobre los impactos sociales. Los proyectos amenazan modos de vida tradicionales como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza, en comunidades costeras e indígenas cuya identidad cultural y vínculos espirituales están íntimamente entrelazados con el mar y sus ecosistemas.
“La instalación y operación de infraestructura de GNL podría transformar de forma irreversible sus territorios, afectando la pesca artesanal, la recolección de recursos marinos y la realización de ceremonias tradicionales, poniendo en riesgo su bienestar, su organización comunitaria y la continuidad de su cultura”, alertaron.
Los firmantes acusan que las autorizaciones otorgadas hasta ahora por ASEA han sido irregulares y no han considerado los impactos acumulativos ni los escenarios de riesgo climático. Señalan que, según el derecho nacional e internacional, el Estado mexicano está obligado a aplicar los principios de prevención y precaución ante proyectos que representen riesgos graves o irreversibles para el medio ambiente.
En relación al principio de prevención, señalan que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que “toda vez que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la prevención debe ser la principal política respecto a la protección del medio ambiente”.
Respecto al principio de precaución, el artículo 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo a la que México está adscrito desde 1992, establece que “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Como medida inmediata, proponen que la Semarnat inicie una Evaluación Ambiental Estratégica del Golfo de California y zonas terrestres asociadas. Esta evaluación, prevista por la Ley de Planeación y Transición Energética, permitiría tomar decisiones con base en ciencia y en la capacidad real de carga de los ecosistemas, integrando variables sociales, climáticas y de salud pública.
Finalmente, las organizaciones exhortan a la administración federal a actuar en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y los compromisos climáticos internacionales del país, como el Acuerdo de París y el Compromiso Global sobre el Metano.
La carta fue enviada también con copia a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Puedes consultarla acá.
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