Culiacán, Sinaloa.- Rubén Rocha Moya dice estar tranquilo, se mueve así aunque ahora a donde vaya lo siguen 10 camionetas con escoltas. “Estamos tranquilos”, mencionó a periodistas mientras veía insistentemente su teléfono móvil, algo ansioso. “No va a pasar nada”, dijo más de una vez, queriendo convencer a los periodistas que le preguntaban por las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos que lo señala como un presunto operador del cartel de Sinaloa, específicamente como socio de Iván Guzmán Salazar, “el Chapito”, y sus hermanos.

Luego soltó el motivo de su también presunta confianza: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le habló para tratar sobre el caso del gobierno estadounidense.

“Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa, no va a pasar nada. Todo debe encausarse conforme lo que dictan las leyes”, dijo el mandatario quien junto con nueve colaboradores enfrenta una de las mayores acusaciones de narcopolítica en la historia del país. “Ya habló conmigo la presidenta y no tengo más que decir que lo que dije en el Twitter. No voy a declarar más”.

-¿Va a permanecer aquí en Sinaloa?, le preguntó una periodista.

-Sí, por supuesto, trabajando aquí, entrando y saliendo, saliendo a desempeñarme. El llamado que les hago (a la ciudadanía) es que estén tranquilos, que sigamos trabajando por Sinaloa y que tratemos de resolver nuestros problemas comunes. No voy a cambiar, voy a atender mi agenda normal.

La acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de Nueva York incluye a Rocha Moya, junto con el senador y ex secretario de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez, el empresario sinaloense y ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, los ex directores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el ex director de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, al en jefe de la policía municipal de Culiacán Juan Valenzuela Millán y al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil.

La trama que se presentó en el expediente incluye señalamientos sobre presuntos favores, sobornos, imposición de funcionarios corruptos y facilitación de tráfico de drogas y armas para “Los Chapitos”.

“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en el documento publicado por el gobierno estadounidense.

El golpe de la fiscalía de ese país terminó asestando el ánimo local, incluyendo el político electoral, pues dos de los señalados buscan ser el próximo candidato a suceder a Rocha Moya a la gubernatura en 2027, son Inzunza Cázarez y Gámez Mendívil. De hecho, son los únicos que se han pronunciado públicamente en sus redes sociales, rechazando los señalamientos y escudándose en la “soberanía nacional” y a un golpe a la llamada Cuarta Transformación.

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación,  y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García: los principios lo son todo; los hombres no somos nada”, escribió Inzunza Cázarez en la red social X.

Después de ellos, nadie más a nivel local o federal. Desde la sede de Morena en Sinaloa no se atendió ninguna solicitud de entrevista hasta que se haga de manera nacional. En el Congreso de Sinaloa la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva rechazaron dar una postura, canalizando a la coordinación de comunicación del gobierno del Estado. La secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, no atendió solicitudes, llamada ni mensajes de texto.

Solo la Fiscalía local emitió un comunicado, pues uno de los implicados es el vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, quien habría recibido sobornos millonarios para evitar capturas a nivel local sobre la célula de “los Chapitos”, dejando expuesto al funcionario frente a la Fiscalía General de la República.

“En relación con la información difundida por autoridades del Gobierno de Estados Unidos sobre una acusación en contra de diversos servidores públicos, entre ellos el Vicefiscal General del Estado de Sinaloa, se tiene que, en el ámbito nacional, cualquier solicitud relacionada con dichos señalamientos debe sujetarse a lo establecido en la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes, siendo competencia de la Fiscalía General de la República determinar, con base en datos de prueba, la procedencia legal de las mismas”, se indicó en un comunicado oficial emitido por el organismo.

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