Son distintas las decisiones que han tomado el ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Sánchez Mérida; el senador Enrique Inzunza Cázarez y el ex vicefiscal general, Dámaso Castro Zaavedra, pero todo se enmarca en el derecho a la legítima defensa que constitucionalmente les corresponde a todos los acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Mérida Sánchez, general en retiro, obtuvo la suspensión provisional otorgada por un juez de distrito de Michoacán, contra la posible detención, aseguramiento, localización o extradición a Estados Unidos a raíz de la acusación de que brindó protección a una de las facciones del Cártel de Sinaloa mientras estuvo a cargo de los operativos de seguridad pública de 2023 a 2024.

Por su parte Enrique Inzunza da a conocer en las redes sociales que no solicitará licencia para pausar sus labores en el Senado de la República al considerar que desde esa posición “refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador… De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país, en el marco de sus atribuciones constitucionales”.

Dámaso Castro solicitó licencia para separarse del cargo de Vicefiscal General de Sinaloa para permitir que las investigaciones que realizan las autoridades de México y Estados Unidos no se prejuicien por la responsabilidad que desempeñaba en el Ministerio Público estatal, y de igual manera expresa su disposición para “atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.

En cualquier sistema de procuración e impartición de justicia sustentado en el constitucionalismo nadie es culpable de delitos atribuidos hasta que precisamente sean las instancia ministeriales y judiciales las que con base a pruebas o la ausencia de éstas dictamen lo que corresponda. A diferencia del juicio social que los señala con índice de fuego, a los acusados por la fiscalía de Estados Unidos les protegen, como a cualquier ciudadano, los principios legales de presunción de inocencia y derecho a la legítima defensa.