Por Jessica Itzel Chan / Causa Natura
Aunque el Gobierno federal aseguró que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México está bajo control, comunidades pesqueras de Tabasco y Veracruz, junto con más de 40 organizaciones de la sociedad civil, han denunciado que los daños ambientales y económicos continúan sin una reparación efectiva e integral y que Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue sin asumir plenamente su responsabilidad.
A casi tres meses del incidente, cuya responsabilidad fue reconocida por Pemex el pasado 16 de abril, pescadores y habitantes de distintas localidades afirman que las compensaciones no han llegado a todas las personas afectadas y que muchas comunidades permanecen fuera de los esquemas oficiales de apoyo.
En un posicionamiento conjunto, organizaciones civiles señalaron que la destitución de tres funcionarios relacionados con el manejo del derrame “sanciona la mentira, pero no el daño ambiental”, además de cuestionar la falta de información clara sobre la magnitud de la contaminación y sus impactos a lo largo de más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México.
Las agrupaciones recordaron que el propio Gobierno federal reconoció que la fuga se originó en el ducto Old AK-C de Pemex debido a una pérdida de integridad mecánica. Sin embargo, denunciaron que el incidente fue negado por áreas operativas durante varios días y que la válvula principal no fue cerrada sino hasta ocho días después de detectada la fuga.
Además, criticaron que hasta ahora no exista un cálculo público y confiable sobre el volumen total de hidrocarburo derramado.
La mayoría de pescadores de Tabasco, denunciaron ser excluidos. Foto: Itzel Chan.
Efectos en las comunidades costeras
La organización Oceana visitó recientemente Las Barrancas, Veracruz, donde encontró que varias familias afectadas no han sido incluidas en los programas de reparación y que persiste una falta de coordinación entre las instituciones responsables.
En esa comunidad, pescadores reportaron que las redes permanecen fuera del agua desde hace semanas. Habitantes señalaron que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó recorridos y concluyó que no hubo daños porque no encontraron restos de chapopote en las playas.
Sin embargo, la comunidad sostiene que las autoridades dejaron fuera del análisis las pérdidas económicas derivadas de la paralización de la pesca durante Semana Santa, una de las temporadas de mayor actividad comercial.
La situación también se replica en El Bosque, Tabasco, considerada la primera comunidad reconocida como desplazada por cambio climático en México. Allí, pescadores aseguran que desde el derrame enfrentan dificultades para comercializar sus productos, pues compradores dejaron de adquirir pescado proveniente de la zona.
Además, gran parte de las personas afectadas no se encuentran inscritas en los padrones oficiales requeridos para acceder a apoyos gubernamentales, lo que ha dejado a numerosas familias sin respuesta institucional.
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Este trabajo fue realizado por Causa Natura. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.
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