Los altos cobros por consumo de energía eléctrica en Sinaloa van por la vía rápida hacia un conflicto social que se suma a múltiples preocupaciones acumuladas para las familias, sin que las autoridades federales y estatales aporten el enorme esfuerzo de gestión que impida que la protesta adquiera la polarización por desesperación.

Ayer la inconformidad llegó al Congreso del Estado a donde se presentaron usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, y el tema ha sido tratado también por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien se comprometió a llevar las quejas ante la compañía paraestatal que, insensible y burocrática, deja que el problema adquiera dimensiones peligrosas.

No es para menos que la gente se movilice cada vez más indignada por el abuso de cobros de la CFE de hasta diez mil pesos en hogares que no tienen electrodomésticos que justifiquen tan altos consumos del fluido, aparte de la situación de violencia que durante 20 meses ha tenido un fuerte impacto en el ingreso y poder adquisitivo.

La lucha contra las altas tarifas que aplica la CFE no es nueva en Sinaloa, ni tampoco es de hoy la actitud de las autoridades de la Comisión que ensordecen frente a las peticiones de clientes que en la zona centro aglutina a habitantes de Culiacán, Navolato, Eldorado, Costa Rica, Villa Juárez, Culiacancito, Sanalona y El Diez.

La CFE procede a calentar los ánimos en un momento en que Sinaloa no necesita de mayores crisis que alteren la de por sí complicada irritación popular por la inseguridad, inestabilidad y lo que deriva de un estado al garete. Los gobiernos federal y estatal tienen la obligación de atender este bucle de reclamo social que sí tiene soluciones siempre y cuando la voluntad y solidaridad sean activadas en lugar de proceder al acostumbrado “aquí no pasa nada”.