Culiacán, Sin.- “Sinaloa nos sentimos bien chingones… pero somos el primer estado en exportar narcopolíticos”, expresó la diputada priista Paola Gárate Valenzuela, al referirse a la entrega en Estados Unidos de dos de los 10 exfuncionarios y funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La legisladora planteó que este caso evidencia una crisis de credibilidad institucional, al exponer posibles nexos entre autoridades y el crimen organizado, lo que calificó como un problema estructural en el estado.

En ese sentido, señaló que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron por su cuenta ante autoridades estadounidenses, sin intervención del gobierno mexicano, lo que -dijo- refleja la falta de acciones de la federación ante acusaciones de esta magnitud.

“El gobierno mexicano sigue sin cumplir su parte en este convenio de extradición que tiene firmado como Estado. De nuevo la súplica a la presidenta de la República para que asuma su papel y no meta a México en un aprieto internacional”, declaró.

 

¿Por qué no hay detenciones en México?

 

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, criticó que, aunque se congelaron cuentas bancarias “de manera preventiva”, no se aplicaron otras medidas cautelares como detenciones provisionales.

Además, consideró que la tardanza en estas acciones pudo haber permitido a los señalados realizar movimientos financieros.

“Pasaron muchos días para que se congelaran las cuentas; eso dio tiempo también para transferir recursos. En media hora haces todo. Estamos viendo el actuar del Estado no como uno imparcial, sino como uno protector”, afirmó.

Señalan contradicciones en discurso oficial

Finalmente, Moreno Ovalles cuestionó las declaraciones de la senadora Imelda Castro Castro, quien ha señalado que los acusados deberían ser juzgados en México.

“¿Juzgados de qué? Si aquí nadie los ha investigado, si aquí no hay un delito que perseguir, no porque no exista, sino porque no se está investigando”, concluyó.

¿Quiénes y de qué están acusados?

El gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense, además de delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los acusados habrían protegido operaciones del cartel, filtrado información de operativos, evitado detenciones y permitido actos de violencia a cambio de sobornos.

La acusación incluye cargos por asociación delictuosa para importar narcóticos, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ese tipo de armamento. En el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, también se agregan cargos por secuestro con resultado de muerte.

La lista difundida por autoridades estadounidenses incluye a:

  • Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. (SOLICITÓ LICENCIA)
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa.
  • Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. (DETENIDO)
  • Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. (SOLICITÓ LICENCIA)
  • Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación.
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exdirector de la Policía de Investigación.
  • Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. (DETENIDO)
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán. (SOLICITÓ LICENCIA)
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.

 

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