Culiacán, Sinaloa.- La diputada Paola Gárate Valenzuela presentó una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas en Sinaloa. La propuesta plantea cambios concretos en cómo se asignan, transparentan y supervisan los contratos de infraestructura.

El punto de partida para la conformación de esta iniciativa son los resultados de un estudio realizado por la organización civil Iniciativa Sinaloa A.C. donde se encontró que, entre 2024 y 2025, 14 empresas y 11 grupos empresariales concentran el 57 por ciento del recurso estatal en obra pública. En paralelo, tres agrupaciones absorbieron más de 850 millones de pesos en infraestructura municipal, recordó la legisladora.

“Estamos en un momento clave para el futuro de la transparencia y del combate a la corrupción en Sinaloa. Aquí tienen una propuesta fundada para combatir la corrupción; no pueden seguir negándose a ver el problema”, expresó la diputada priista.

¿Qué cambia en la ley?

 

Gárate Valenzuela explicó que la iniciativa en sí -dijo- busca introducir reglas que hoy en día se consideran inexistentes o con ambigüedad, dando pie a posibles actos de corrupción y opacidad. Por eso se propone lo siguiente:

  • Tope a adjudicaciones directas: se fija un límite del 20 por ciento del presupuesto. Actualmente no hay restricción.
  • Transparencia obligatoria: plazos definidos para publicar pagos reales, facturación, subcontrataciones y contratos.
  • Beneficiario controlador: las empresas deberán revelar quiénes están realmente detrás. Dar información falsa implicaría perder el registro.
  • Filtro a empresas irregulares: se impediría participar a compañías señaladas por el SAT por facturación falsa.
  • Fin a comités inoperantes: se prohíbe contratar obra mediante órganos que no funcionan y se establecen sanciones.

 

El problema: simulación y concentración

 

La reforma intenta intervenir en prácticas que no siempre son visibles en los procesos de licitación.

Una de ellas es la simulación de competencia. Aunque varias empresas participan, pueden estar vinculadas entre sí.

Desde Iniciativa Sinaloa, su directora, Marlene León Fontes, describe este mecanismo como “efecto colmena”: socios o representantes participan en distintas empresas que compiten entre sí, pero terminan beneficiándose si cualquiera gana.

Es decir, no importa qué empresa obtenga el contrato, porque los mismos actores están detrás de varias.

“Ha sido una práctica muy recurrente en esta administración y creemos que esta iniciativa podría apoyar para bloquear este tipo de prácticas y bueno, ponerle realmente una fiscalización al proceso de las contrataciones de obras públicas. Más en este sentido”, puntualizó León Fontes.

¿Por qué importa?

 

La directora de Iniciativa Sinaloa explica que, aunque la ley ya sanciona la colusión -cuando proveedores se organizan para ganar licitaciones-, en la práctica no importa quién gane: todos obtienen beneficios. El impacto no es solo administrativo, sino directo en cómo se ejerce el dinero público.

Explicó que, cuando hay concentración o colusión, esto se traduce generalmente en el aumento a los costos de obra, se generan sobreprecios, aparecen convenios modificatorios que elevan el monto final y se reduce la calidad de la infraestructura.

Como ejemplo de ello el estudio -que fue la base de esta iniciativa- reveló que de 1,100 obras con monto identificado se ejercieron más de 7 mil 056 millones 723 mil 081 pesos. Por lo que -dijo- la discusión apunta en aprobar una reforma que ayude a ver a profundidad como se asigna y como se vigila ese dinero.

En ese aspecto, la iniciativa obliga a las autoridades a ir más allá de la revisión documental básica.

Plantea que dependencias y órganos internos de control verifiquen la estructura real de las empresas, identifiquen vínculos entre socios y detecten posibles conflictos de interés antes de asignar contratos.

Esto responde a una omisión actual: la revisión de beneficiarios finales no se hace de forma sistemática, lo que permite que estas prácticas pasen desapercibidas

“Eso ya lo deberían estar haciendo los servidores públicos, los Órganos Internos de Control. Sin embargo, no lo hacen porque es ir más allá. Son prácticas proactivas para evitar actos de corrupción y como no lo están haciendo y nos están obligando a la ciudadanía a que quede escrito en la ley para que lo vean como algo obligatorio”, subrayó.

Sanciones y vigilancia

 

El proyecto de reforma incluye ocho nuevas infracciones, multas de hasta el 15 por ciento del contrato, inhabilitaciones de tres a cinco años y nulidad de contratos en casos graves.

También propone fortalecer la figura del testigo social mediante un órgano ciudadano con acceso a información en tiempo real.

De momento, la iniciativa ya fue turnada a las comisiones para su análisis. Su avance hacia pleno y aprobación dependerá de la mayoría legislativa. Sin embargo, es necesario añadir que esta iniciativa fue entregada a oficialía de partes el 19 de mayo y desde entonces no ha sido dada de alta en el apartado de la página oficial del Congreso del Estado, donde se le puede dar seguimiento a cualquier iniciativa presentada tanto por los diputados como por ciudadanos u organizaciones civiles.

 

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