Culiacán, Sinaloa.- El proceso electoral de 2027 se ha hecho presente y las personas de toda la confianza de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, se han movido en favor de mantener su protección.
El primer movimiento clave fue que Eligio López Portillo, su compadre, asumiera la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la cual dejó María Teresa Guerra Ochoa para anotarse en la lista de Morena para ser la siguiente gobernadora del Estado.
Ella misma, Guerra Ochoa, es ex secretaria de las Mujeres del gobierno de Rocha Moya, pero años atrás –en el proceso electoral intermedio de 2024– fue impulsada por Rocha Moya para llegar al Legislativo de forma plurinominal en un Congreso con un contrapeso prácticamente nulo.
“No está él, pero el Rochismo prevalece, tanto así que quien está al frente del Congreso es su compadre y ahorita está en riesgo el proceso legislativo”, señaló Marlene León Fontes, directora de la organización Iniciativa Sinaloa, una de las 10 organizaciones que formaron un frente junto con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y la Cámara Patronal de la República Mexicana en Sinaloa (Coparmex).
El gobernador tiene una licencia para someterse a una investigación por la Fiscalía General de la República junto a otros nueve funcionarios y ex funcionarios, quienes fueron acusados de narcopolítica por el gobierno de Estados Unidos. Todos ellos tienen orden de aprehensión por ese país, pero este, gobernador por la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, se resiste a reconocer que podría ser verdad.
Entre los acusados está también el senador Enrique Inzunza Cázarez, que no quiere dejar la curul. De anunciarse su ausencia por cualquier vía, quien asumirá ese cargo es Omar López Campos, quien es secretario de Bienestar en Sinaloa, hijo de Eligio López Portillo y ahijado de Rocha Moya.
El primer acto de Eligio López Portillo en la llamada “Gran Comisión” fue revivir la reforma a la Ley de Transparencia en Sinaloa, misma establece que las dependencias no entreguen información si éstas consideran que se daña la “seguridad nacional, estabilidad financiera, estudios o proyectos del Estado y el interés público”.
Además, expande los escenarios en materia penal y judicial, incluyendo protección a denunciantes, testigos y procesos en curso, y amplía los supuestos de información confidencial al incluir nuevas categorías, como la existencia de denuncias o procedimientos administrativos en curso, seguidos en contra de personas servidoras públicas y particulares que se encuentren en trámite o no hayan concluido con una sanción firme.
Organizaciones civiles habían logrado parar la reforma, hasta que se desarrollaran mesas de trabajo, pero durante el 19 de junio –y a través de un correo electrónico– se les informó que no habrá tales reuniones y que deberán esperar a que se dictamine y presente en el Pleno para que conozcan qué pasará.
“Ahorita peligra este proceso legislativo a partir de este vínculo y el principal reto que tiene Eligio es comprobar que no tiene ningún vínculo en sus decisiones legislativas”, dijo León Fontes.
Las organizaciones que han exigido una apertura al proceso legislativo enviaron cartas a López Portillo, para tratar de abrir de nueva cuenta el proceso y no se quede en los mismos términos que fueron enviados por Rocha Moya.
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