Culiacán, Sinaloa.- El padrón de deudores alimentarios en Sinaloa será público y podrá consultarse a través de la página de la Fiscalía General del Estado (FGE), una vez que la reforma aprobada por el Congreso local sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.
La diputada Karla Daniela Ulloa Rodríguez informó que el siguiente paso es la publicación del decreto para posteriormente definir el presupuesto que permitirá habilitar el micrositio donde estará disponible esta información.
Explicó que se trata de una plataforma digital de acceso público, pensada principalmente para que las mujeres puedan verificar si una persona incumple con sus obligaciones alimentarias.
“Va a ser una plataforma digital donde todas las mujeres van a tener acceso desde algún link, por el tema que se trata, estará disponible a través de la página de la Fiscalía General del Estado”, señaló.
La reforma, aprobada el pasado 28 de mayo, fortalece el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) y amplía su uso como herramienta de control en distintos procesos legales, administrativos y políticos.
Entre los principales cambios, se establece la obligación de presentar el Certificado de no inscripción en el registro para:
- Contraer matrimonio
- Ocupar cargos como síndicos o comisarios municipales
- Registrar candidaturas a diputaciones locales
- Aspirar a cargos como magistrados o jueces
- Realizar operaciones notariales, como compraventa de inmuebles
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado será responsable de concentrar y actualizar la información, así como de integrarla al sistema nacional.
El registro incluirá datos como el nombre del deudor, CURP, RFC, la autoridad que ordenó la inscripción y el monto del adeudo.
Además, la reforma endurece las sanciones por incumplimiento de pensiones alimentarias, con penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 180 a 360 días, las cuales pueden aumentar en casos de evasión o cuando el adeudo afecte a mujeres embarazadas.
Con estos cambios, el registro no solo funcionará como una base de datos pública, sino como un requisito obligatorio para acceder a derechos, trámites y cargos, ampliando su alcance como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
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