María Alejandra “N” firmaba como directora general de Inverplux en contratos de la empresa, pero su defensa sostiene que también ella fue una víctima del fraude por el que ahora es acusada. La fiscalía la ubica como parte esencial del organigrama, asegurando que su participación fue relevante para darle apariencia de legalidad al esquema.
“Nuestra representada es una persona más que cayó en el engaño”, aseguró la defensa de la presunta directora general del esquema, en la audiencia de su segunda vinculación.
María Alejandra “N” fue vinculada a proceso en una segunda ocasión por fraude específico, en la ciudad de Culiacán. Con esta nueva vinculación, suman 11 denuncias diferentes en las que se le acusa de la coautoría del fraude de Inverplux, una empresa que ofrecía rendimientos superiores a los obtenibles mediante instrumentos financieros tradicionales y que terminó desfalcando alrededor de mil millones de pesos de hasta 4 mil usuarios, según víctimas del caso.
De acuerdo con las acusaciones expresadas por el Ministerio Público, María Alejandra fungió como directora general de la empresa entre 2022 y 2023, firmando bajo dicho cargo diversos documentos contractuales entre clientes y la empresa.
El juez Omar Sepúlveda vinculó a proceso a María Alejandra tras encontrar que se advertía que pudo participar en la coautoría “de forma continuada y dolosa” dentro del presunto esquema fraudulento. Además, explicó que las denuncias colocan su participación como “esencial” para darle apariencia de legalidad y brindar confianza a las víctimas del presunto fraude.
Su defensa aseguró que ella fue contratada por invitación de uno de los fundadores, de nombre José Luis Pérez, en 2022.
Esa misma versión sostiene que Pérez le comentó a María Alejandra, quien entonces trabajaba en un banco, que Inverplux era intermediario autorizado de Grupo Bursátil Mexicano (GBM), una casa de bolsa o bróker cuyo principal servicio es dar a los usuarios la posibilidad de adquirir acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y otros activos financieros. Se trata de una de las empresas de su giro más populares a nivel nacional. Inverplux no contaba con tal autorización, ni ninguna que les facultara como organización para gestionar capitales.
Se desempeñaría en el cargo hasta marzo de 2023, mes en que el esquema colapsó tras que, presuntamente, Christian Ulises Rojo se diera a la fuga con el dinero de los inversionistas. En febrero del mismo año, María Alejandra invirtió una suma no especificada en Inverplux, motivo por el que ha interpuesto una demanda al asegurar que se cuenta entre las afectadas del desfalco.
El nivel de posible implicación de María Alejandra en el esquema es motivo de contradicción entre el relato de las denuncias y lo que asegura su defensa. El Ministerio Público habló de por lo menos un denunciante que asegura haberle entregado, en efectivo y de forma personal, 300 mil pesos, acto que habría quedado acusado en un documento firmado por ella.
Además, la defensa asegura que María Alejandra no conocía los planes que los distintos operadores ofrecían a los afectados. Mientras tanto, el personal del Ministerio Público cita que las denuncias incluyen descripciones físicas de la imputada y asegura que afectados declararon que ella estaba presente en algunas reuniones de información.
El juez consideró que, independientemente de si María Alejandra participó directamente en las labores de convencimiento y captación de inversionistas, o de si obtuvo algún beneficio económico del esquema de Inverplux, su presunta participación podía ser valorada como parte de un conjunto de acciones vinculadas con el delito investigado.
“Independientemente de que uno se haya llevado el dinero, todos participaron”, dijo el juzgador.
El juez dio un mes para que la fiscalía termine la investigación complementaria, aunque el Ministerio Público pidió dos. El personal de la fiscalía aseguró que necesitaba indagar las diferentes razones sociales mediante las que Inverplux captaba dinero.
Durante su segunda audiencia de vinculación a proceso, María Alejandra mantuvo una actitud serena. Al término de la sesión, una vez anunciado el auto de vinculación a proceso y dictada medida cautelar de prisión preventiva justificada, el juez le concedió la última palabra, como es protocolario. Se limitó a decir: “Su señoría, de momento nada. Muchas gracias”.
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