El plan integral de seguridad y gobernabilidad de Sinaloa, en cuya elaboración trabajan los gobiernos federal y estatal, dado a conocer por la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, debe ser la gran acción económica y social que los sinaloenses han reclamado durante los dos años que la narcoguerra ha golpeado a todos los sectores con la violencia de alto impacto e ininterrumpida.

A las instituciones nacionales y locales les compete destinar a Sinaloa el mayor apoyo posible porque son las responsables de garantizar paz y estado de derecho, sin embargo, al estructurar la estrategia de ayuda es indispensable que lo hagan con la colaboración de los ciudadanos y sus organizaciones al tratarse de quienes han padecido las consecuencias y trazan de manera cotidiana las rutas para salir de las crisis.

Es buena señal que Graciela Domínguez dé a conocer que el plan diseñado por la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado se centra en devolver la tranquilidad y profundizar en la atención de los apoyos para recuperar la economía, objetivos que se revisan con un equipo de trabajo que envió a Sinaloa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Falta por ver si dichas acciones serán trazadas desde un escritorio distante de la realidad o serán tomadas en cuenta propuestas como las que realiza la Coparmex Sinaloa, que pone el énfasis en tres puntos: seguridad pública, economía, educación y salud mental.

La Presidenta y la gobernadora están emplazadas a acelerar el auxilio a Sinaloa sin mayores dilaciones ni promesas que naufragan en los discursos. Bienvenido el plan integral siempre y cuando escuche, entienda y atienda a organizaciones y liderazgos legítimos que llevan muchos meses exigiendo el rescate que negligentemente el el gobierno ha postergado.