La agravante de la embestida verbal que lanzó la diputada local Rosario Guadalupe Sarabia Soto contra las mujeres víctimas de la violencia en Escuinapa, está en que desde su investidura de representante popular se exhiba como persona insensible, incapaz de cuidar su postura frente a un problema que tiene repercusiones generalizadas y ocupa a todos en la estructuración de soluciones.

La falta cometida amerita imponerle sanciones propias del mal desempeño del servicio público, lo cual está a cargo del Congreso del Estado y la posibilidad de que la Cámara solape este tipo de delitos o proceda a sentar precedentes para que nadie desde el trabajo parlamentario o la posición política que sea revictimice a quienes desde trayectorias ejemplares han pasado a engrosar la alta  incidencia feminicidios prepetrados por el crimen organizado.

La diputada Sarabia Soto procedió a ofrecer una disculpa a aquellas que agravió con su desafortunado comentario en el sentido de que el asesinato de mujeres en Escuinapa no son crímenes de género, sino que obedecen al tema de “formar parte de los grupos delincuenciales”, afirmación soltada sin el respaldo de las pruebas correspondientes.

Pedir perdón no basta porque el dislate enunciado involucra no a la ciudadana común y corriente sino a todo un poder constitucionalmente erigido que es el Legislativo como asamblea cuya primerísima obligación es la de velar por los derechos y libertades de los sinaloenses, deber que fue violentado y Congreso que resultó inmiscuido de manera indirecta.

En Sinaloa debe instalarse la plena coordinación social, política y económica en la estrategia de poner las bases de paz positiva y duradera como única barrera indestructible contra la alta delincuencia. El principio fundamental de dicha acción consiste en pasar por el filtro del razonamiento lo que se diga y lo que se haga respecto a la narcoguerra de dos años, sin permitirle algún espacio a la desmesura.