Hay que ponerle mucha atencion y respaldo ciudadano al planteamiento que hace el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, respecto a aumentar al doble, a 10 mil millones de pesos, el presupuesto para las tareas de combate a la violencia y construcción de paz.

Se trata de una vieja exigencia que cobra trascendencia en el contexto de la guerra interna en el Cartel de Sinaloa, sin embargo, más allá de la circunstancia de más de dos años de atrocidades urge convertirla en políticas públicas permanentes que garanticen la tranquilidad y la prevalencia de la Ley también con visión de futuro para la no repetición de escenarios tan terribles como el actual.

Según expone Miguel Calderón, Sinaloa es de los estados del país que menor presupuesto destina a la seguridad pública no obstante que es la entidad mexicana que mayor violencia registra, razón por la cual es insuficiente el gasto anual en este rubro, de 5 mil millones de pesos, y se necesita mínimamente duplicarlo.

Resulta absurdo ese contraste de enorme índice de delitos que afecta a la población en general y bajo presupuesto para instalar la estructura ministerial necesaria, contar con corporaciones policiacas bien equipadas y capacitadas, así como implementar el modelo de paz positiva y duradera con el involucramiento de la sociedad y las instituciones responsables de garantizar el Estado de derecho.

A los operativos militares y policiacos que se realizan le es indispensable apoyarlos mediante acciones integrales que complementen lo represivo con lo estratégico, que haga más eficiente la gran embestida anticrimen. Continuar con el esquema de excesiva fuerza militar y policial y raquítica atención al aparato para la seguridad pública difícilmente sacará a Sinaloa del círculo de pax narca y violencia reincidente.