A pesar de que la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava muestra mayor claridad respecto a las causas de la violencia y los procesos de construcción de paz, su discurso no está empatado con la realidad de Sinaloa que cotidianamente desfasa la oratoria política e impone la cauda de crímenes que en incidencia y modos de delinquir sostiene la premisa de la inseguridad ininterrumpida.

El jueves, al presidir las Jornadas de Paz y la Campaña de Desarme Voluntario en la Colonia Lomas del Ébano, en Mazatlán, la mandataria estatal expresó que “la seguridad no puede ser vista únicamente como una reacción ante el delito, sino como un compromiso ético y constitucional para salvaguardar la vida, los derechos, las libertades y el patrimonio de cada sinaloense”.

A ese mismo evento asistió el subsecretario de Prevención de las Violencias, del Gobierno Federal, Miguel Torruco Garza, quien expuso que la paz no se consigue solamente combatiendo la violencia, sino también evitando que las armas se encuentren en las comunidades y puso el ejemplo de Mazatlán donde particulares han entregado 10 mil armas de fuego, “miles de riesgos han sido retirados de nuestros hogares, miles de oportunidades para evitar tragedias y proteger nuestras vidas”.

Sin el afán de demeritar lo que realizan los gobiernos federal y estatal para la pacificación, sí resulta conveniente anotar la ausencia de acciones de mayor calado que tienen que ver con garantías que sólo el Estado puede brindar para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos en general y apoyar la recuperación de la economía que a través del empleo y la generación de riqueza constituyen el mejor modelo de construcción de paz positiva y duradera.

La campaña contra el armamentismo, que consiste en que la gente entregue voluntariamente artefactos generadores de violencia que en su mayoría se hallan en malas condiciones, es apenas la punta del iceberg cívico para contrarrestar la narcoguerra. Aparte de medidas que son más para la foto que para la efectividad, Sinaloa está en espera de políticas públicas de reactivación económica, social y política a la altura de crisis que avisan que la obra colectiva de reconstrucción tardará décadas en dar resultados.