-¿De quién es la USE, quién es el propietario?, preguntó una periodista del medio Línea Directa.
“Estamos ahorita en ese proceso, no me acuerdo de quién es, pero no es del Estado”, dijo Antonio Vega Gaxiola en octubre de 2016, dos meses antes de renunciar a ser el Auditor Superior de Sinaloa, según recogió el medio Línea Directa.
-¿Pero nunca se había pagado la renta?
“No”.
Y es verdad, el comité técnico del fideicomiso número 20006580, que administra la USE, después de 17 años no ha nombrado a un fideicomisario, es decir a alguien que tenga propiedad, autoridad, o posición de confianza o responsabilidad de los bienes.
El gobierno del Estado no paga renta por estar ahí, el problema es que nadie puede acreditar quién es el dueño de ese edificio que está construido en un predio de 20 mil metros cuadrados en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.
La Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 53) ha levantado la mano para asegurarlo como suyo, como parte de un proyecto de fideicomiso para obtener dinero a través de rentas.
Sin embargo, el edificio donde está la Unidad de Servicios Estatales en Culiacán no es del SNTE 53.
“¿De quién es la USE?”, cuestionaron maestros integrantes de la organización Convergencia 53 y continuaron “Resulta que llevamos tres sexenios y no sabemos“.
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Ese edificio costó 235 millones 600 mil pesos, dinero que se tenía en el fideicomiso 110522, en el cual estaban integrados trabajadores del gobierno de Sinaloa y del SNTE 53.
El 25 de mayo de 2005, con Jesús Aguilar Padilla como gobernador, hubo una reunión en Palacio de Gobierno que cambió prácticamente todo. El secretario de Administración y Finanzas, en ese entonces Óscar Lara Aréchiga, se reunió con el comité técnico del fideicomiso 110522, porque uno de los integrantes les tenía una propuesta.
Ahí, frente a todos los integrantes del comité técnico, entre ellos Quirino Ordaz Coppel como subsecretario de Administración y vocal ejecutivo; Francisco Javier Luna Beltrán, secretario de Educación Pública y Cultura: Florentino Castro López, secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo; Hilda Elisa Cervantes Elizalde, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE); y Germán Contreras García, secretario de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se levantó Juan José Cristerna Molina, director de Recursos Humanos y secretario del comité para hablar sobre los fondos del fideicomiso.
En total se tenían 244 millones 823 mil 817.30 pesos, los cuales correspondían a retenciones hechas a los trabajadores del gobierno del Estado como fondo de ahorro.
“De acuerdo a la petición que con fecha 21 de enero del presente año, formulara la representación sindical de los trabajadores de la educación o magisterio, sector aportante al fideicomiso, y de la cual se acompaña copia, en el sentido de que con una parte de los recursos que a estos corresponden, se adquiera un inmueble, que genere ingresos al ser dado en arrendamiento, por lo que para en aptitud de atender tal petición, es necesario modificar los fines del presente fideicomiso”, se lee en el acta de reunión del comité técnico del fideicomiso 110522, de la cual Revista ESPEJO tiene una copia.
Ahí mismo, Cristerna Molina dijo que se debía tomar dinero de ese fideicomiso para el ahorro de los trabajadores del gobierno del Estado, donde se incluía a trabajadores agremiados al SNTE 53.
Luego soltó la justificante para tomar ese dinero.
“Es viable se destinen recursos de los que corresponden al sector del magisterio, para la adquisición de dicho inmueble, el cual será administrado y operado bajo las reglas contenidas en un nuevo fideicomiso a celebrarse con el fiduciario de este, razón por la cual habrá de girarse instrucciones al fiduciario para que haga entrega al representante de los trabajadores en un cheque de caja por la cantidad de $230’655,000.00 a nombre de la empresa propietaria del inmueble OEI Inmobiliaria”, se lee en el documento en poder de Revista ESPEJO.
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El comité tomó la decisión de formar un nuevo fideicomiso para administrar el edificio y cobrar las rentas, el número 20006580. Ese fondo debía ser administrado por un comité técnico nuevo, encabezado por la secretaría general del SNTE 53 y dos representantes del gobierno de Sinaloa.
En 2005, cuando ocurrió, se nombró a Germán Contreras, secretario general del SNTE 53, a Juan José Cristerna Molina, director de Recursos Humanos del gobierno estatal, y Antonio Vega Gaxiola, entonces titular de la coordinación con entidades públicas de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Esas tres personas fueron el primer comité técnico que debía contratar a una empresa privada para cobrar las rentas, luego debía entregar todo el dinero al comité para que este pagara los impuestos correspondientes y lo depositara a otro fideicomiso, el número 2000485, donde radica el Sistema de Ahorro y Préstamos (SIAP).
En ese fideicomiso hay recursos de trabajadores del gobierno de Sinaloa y del SNTE 53, ahí deben guardarse las retenciones hechas a los mismos, sin embargo, este solo cuenta con 123 millones de pesos.
El comité técnico del fideicomiso número 20006580 a la fecha, después de 17 años, no ha nombrado a un fideicomisario, es decir a alguien que tenga propiedad, autoridad, o posición de confianza o responsabilidad de los bienes.
Mientras tanto, quien administra y ha administrado ese recurso es el comité técnico.
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