La crisis del campo no solo está en Juan José Ríos

Sinaloa.- Airam es una niña que nació apenas el 20 de febrero, es hija de una familia Tarámari que bajó a Sinaloa de Leyva para trabajar en el campo. Como centenas de personas, llegaron desde septiembre a la pizca de tomate y arándano, dejando los paisajes de la sierra de Chihuahua y Sinaloa para vivir hacinadas en cuarterías y servir a las empresas como mano de obra barata.

“Al día gana 200 pesos y otros días gana más si trabaja por cubeta llena”, menciona Natalia, madre de Airam mientras la acomoda para cambiarla en la cama matrimonial donde normalmente duermen cuatro personas debajo de un hule color negro que sirve como techo, la única protección para las inclemencias del clima.

Natalia habla del trabajo de su esposo, un muchacho que apenas llega a los 20 años y que suele pasar hasta 12 horas al día en los campos agrícolas.

Ellos son tan solo una de las muchas familias que viven una crisis, de decenas de años, pero apenas reconocida por las autoridades del gobierno de Rubén Rocha Moya.

El reconocimiento ocurrió después de que cinco niñas y niños murieran en Juan José Ríos por desnutrición y neumonía, mientras que otros 70 fueron hospitalizadas por la misma condición. Se les “salvó” momentáneamente de morir, pero evidenció lo que ha pasado de manera histórica en Sinaloa.

La crisis que no se trata del número de toneladas de hortalizas y granos que se producen en el Estado. Eso sería desestimar las 12 millones 559 mil 483 toneladas de productos agrícolas producidos de manera anual, 6 millones 440 mil toneladas de maíz y 764 mil 300 toneladas de tomate.

La crisis no se concentra en la producción, sino en la situación de quienes la producen, quienes viven en condiciones infrahumanas, en una situación precaria y que a diario son víctimas de violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con Información proporcionada por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), se estima que en cada ciclo hortícola son empleadas aproximadamente 200 mil personas, de estos solo una cuarta parte son originarios sinaloenses.

Los 150 mil jornaleros restantes provienen de otras entidades del País, 64.6 por ciento de Oaxaca y Guerrero, mientras que el 20.1 por ciento son originarios de Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Durango, Chiapas, Baja California, Durango, Nayarit, Estado de México, Morelos, Coahuila, Querétaro, Jalisco, Puebla y Guatemala.

De esas 150 mil, solo 100 mil son atendidas en cuarterías construidas dentro de campos agrícolas como vecindades o refugios, en los que encuentran condiciones compartidas entre trabajadoras y trabajadores. Por ejemplo, igual comparten comedores e igual comparten baños. Pero esas personas corren una “suerte” que no es para todas.

Las otras 50 mil conviven en espacios donde no hay servicios, sino que se bañan y defecan en los cuartos que quedan deshabitados o en campos abiertos.

“¿Ustedes son del gobierno? Ya es hora de que vayan poniéndoles un baño a estas gentes, porque se van para el monte y allá dejan su excremento. Mire, huela, hasta acá huele y todas esas moscas son las que se paran en la mierda y luego vienen a las casas”, dijo un hombre que vive junto a una cuartería en Sinaloa de Leyva, al norte de Sinaloa.

La organización Save The Children ha documentado cientos de casos como ese a lo largo de Sinaloa, advirtiendo de violaciones de forma periódica sin que haya un eco.

“(Las condiciones de vida) son cada día más desafiantes, dado que se enfrentan a inadecuados modelos de contratación e inestabilidad laboral; falta de garantías laborales y de seguridad social; deslinde de responsabilidades patronales ya que los agroindustriales utilizan la figura de los “transportistas o enganchadores” como intermediarios en la relación laboral; vigencia de un esquema de explotación de mano de obra “barata”; falta de inversiones y reconocimiento a la capacitación para el trabajo; uso de la mano de obra infantil por su bajo costo; condiciones de traslado de trabajadores al campo, inadecuado, inseguros y sin garantías de protección; campos de cultivo sin agua potable y sin letrinas; evidencia del uso de recipientes de agroquímicos para almacenaje y consumo de agua; jornadas de trabajo que rebasan la jornada legal; presencia de mujeres embarazadas y de niñas y niños en los campos agrícolas; inexistencia de espacios de cuidado y de protección para ellos”, se lee en el reporte de 2022 sobre las condiciones del campo en Sinaloa.

En nada de eso se piensa al comer tacos hechos con tortillas de maíz rellenos de salsa taquera hecha de tomate, chile y cebolla tatemada, acompañadas de un caldo de frijol en agua y sal. Pero tras esa delicia culinaria existe un negocio ilegal del que empresas y gobierno ha hecho oídos sordos.

También existe una fuerte barrera cultural que discrimina a los jornaleros por sus condiciones étnicas, de migración y pobreza.

Los contratistas de esas personas alojan a las familias migrantes en casas y “cuarterías” propias o rentadas, las cuales se ubican en las comunidades aledañas a los cultivos; cuyas condiciones son precarias, insalubres y de hacinamiento.

Save the Children ha podido documentar que en la zona sur de Sinaloa existe un tipo de migración mixta, entre familiar y comunitaria, prevaleciendo la presencia de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en donde la cuadrilla completa se traslada a cargo de un mayordomo, que generalmente es un familiar, quien los concentra en casas de renta, cuarterías o espacios propios; dificultando la delimitación entre lo familiar, laboral y legal. En las comunidades de atracción de jornaleros migrantes, los pobladores han habilitado cuarterías construidas de lámina de cartón, asbesto, retazos de madera y materiales de desecho, en algunos casos de ladrillo y cemento, con carencia o insuficiencia de servicios básicos; por los que les cobran entre 800 y 1,000 pesos mensuales a los jornaleros; siendo esta una actividad económica recurrente, generadora de espacios donde prevalece el hacinamiento, la promiscuidad y las malas prácticas de las personas, que pone riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes migrantes día a día.

El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Sinaloa (Sipinna) reconoce este problema considerado como “natural” en las comunidades agrícolas. Así pasa en campos de Rosario y Escuinapa, como en pueblos hechos por poblaciones de migrantes como Villa Juárez, Navolato, y Juan José Ríos, en Guasave.

“El lugar de origen y la situación étnica de estos migrantes determinan la conformación del panorama jornalero en la entidad. Ellos provienen de los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Durango y Chihuahua, así como de los municipios de los altos de Sinaloa, zonas de extrema marginación, pobreza y de alta concentración de personas indígenas, principalmente mixtecos, zapotecos, triquis, tarahumaras y nahuas”, describe el Sipinna en un diagnóstico al cual Revista ESPEJO tuvo acceso.

Mientras los jornaleros albergados en los campamentos propiedad de empresarios agricultores tienen el amparo de estos y son apoyados de alguna manera por los programas sociales que ya hay, los trabajadores que traen los “fleteros” tienen un nivel de desprotección mayor, reflexiona el Sistema.

“Toda vez que sus capacidades patronales en relación con las de los patrones agroindustriales son muy inferiores. Con los trabajadores libres las cosas se tornan peores ya que a ellos no los protege nadie”.

Es decir, el problema no solo está en Juan José Ríos, sino que la crisis de derechos humanos pasa con por lo menos 50 mil personas que viven de forma inhumana, en condiciones precarias que trabajan para producir millones de toneladas de comida anualmente por 200 pesos diarios.

Revista ESPEJO consultó el diagnóstico de Sipinna y el último informe de Save the Children para poder observar la magnitud de la crisis de derechos humanos en el campo sinaloense, logrando así identificar los municipios y localidades en las que habitan personas migrantes en temporadas de siembra y cosecha:

ELOTA:

Comunidades donde se encontraron comunidades de personas migrantes: Ceuta, Caimanes, Tayoltita, Ejido Culiacán, Bellavista, Boscoso, Pueblo Nuevo y Tanques

Son personas que provienen de:

Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Baja California
Durango
Veracruz
Los puntos de ingreso de estos flujos migratorios al Municipio de Elota dependen del Estado de donde provienen, ya que, si son del sur, ingresan por el municipio vecino de Mazatlán, al igual que los provenientes del Estado de Durango, mientras que los del Estado de Baja California ingresan por la zona norte.

ESCUINAPA:
Comunidades donde se encontraron comunidades de personas migrantes: Isla del Bosque, Colonia Morelos, Palmito Verde, Cristo Rey y Teacapán.

Son personas que provienen de:

Chiapas
Oaxaca
Guerrero
Nayarit
Durango

La mayoría ingresan por la sindicatura de la Concha, ubicada en los límites de Sinaloa y Nayarit, lo hacen en camionetas de los caporales o algunos en transporte urbano, la salida se da por los límites de los municipios de El Rosario y Escuinapa, identificando que se dirigen a Delicias Chihuahua.

Las principales actividades que realizan las familias migrantes en este municipio son: corte de chile, tomate, tomatillo y algunos el corte de mango.

Dentro del municipio de Escuinapa específicamente a lo largo de la zona del valle se encuentran cuarterías que no están reguladas por ningún organismo donde se aceptan a familias enteras e incluso niñas, niños y adolescentes que viajan solos, mientras que en la localidad de Isla del Bosque cada año le da asistencia a familias completas que vienen a trabajar.

GUASAVE

Comunidades donde se encontraron comunidades de personas migrantes: campos agrícolas en Juan José Ríos, Gabriel Leyva Lozano, Ruiz Cortines, entre otras.

Son personas que provienen de:

Guatemala
Guerrero
Oaxaca
Zacatecas
Por lo general los migrantes provenientes de Guatemala buscan trasladarse al norte del país, mientras que los que vienen de estados del sur del país permanecen por un tiempo indefinido en el municipio, debido a que se les proporciona un empleo que puedan desempeñar de acuerdo a las habilidades de cada persona, y otros tantos acuden principalmente de jornaleros agrícolas; también se les ha identificado pidiendo dinero en los semáforos de las avenidas más transitadas de la ciudad.

NAVOLATO:

Comunidades donde se encontraron comunidades de personas migrantes: Villa Juárez, Colonia Michoacana, Sataya, Villamoros, Rosa Morada, El Potrero, La Capilla, Ángel Flores, entre otros.

Son personas que provienen de:

Oaxaca
Guerrero
Durango
Chihuahua
San Luis Potosí
México
Hidalgo
Puebla
Morelos
Coahuila
Guanajuato
Nayarit
Querétaro
Michoacán
Baja California
Jalisco

Las niñas, niños y adolescentes migrantes viajan acompañados a los miembros de su familia que acuden a trabajar en dicho lugar principalmente de jornaleros agrícolas. Las actividades que realizan mientras sus padres trabajan son estudiar y cuidar de sus hermanos menores.

Se ha detectado la presencia de niñas, niños y adolescentes pidiendo dinero en semáforos y cruceros, sin embargo estos son provenientes de las colonias más vulnerables de los municipios.

En la sindicatura se cuenta con albergues, centros comunitarios y guarderías que son utilizados principalmente por jornaleros agrícolas y sus familias.

AHOME

Comunidades donde se encontraron comunidades de personas migrantes: Campo 35 y Santa Rosa

Son personas que provienen de:

Veracruz
Oaxaca
Chiapas
Estado de México
La mayoría de las niñas, niños y adolescentes que se identifican en este municipio viajan acompañados por sus familias quienes buscan trabajar por temporadas en los campos agrícolas en el corte de tomate, cebolla, chile y papa y al finalizar retornan a sus estados de origen, mientras que otros se trasladan a otro estado del país para continuar laborando, a éstos se les conoce como “golondrinos”.

Por lo regular las niñas, niños y adolescentes que acompañan a sus familias en estas actividades viven en cuarterías ubicadas dentro de los campos agrícolas en realizan algunas tareas hogareñas como lavar ropa, preparar comida y cuidar a sus hermanos, algunos de ellos también se dedican a estudiar por las mañanas.

También se identifican de manera temporal a niñas, niños y adolescentes pertenecientes al municipio pidiendo dinero en semáforos y cruceros, así como a familias provenientes de Oaxaca, Honduras y Chiapas.

La organización de la asociación civil, denominada Save The Children Sinaloa IAP, cuenta con un programa en el que se trabaja en coordinación con el Ayuntamiento, en el que algunas niñas y niños de padres jornaleros tienen un lugar donde estudiar, comer y estar atendidos mientras los padres están en su jornada laboral.

Fuente: Sipinna y Save the Children