Sinaloa.- El refrán dice: “muerto el niño, a tapar el pozo”. Es un dicho cruel, pero que ejemplifica bien la respuesta oficial a la recientemente visibilizada crisis del campo sinaloense.

El 19 de marzo se dio a conocer que cuatro niñas y niños murieron a causa de desnutrición y neumonía, mientras que otros 70 fueron llevados a hospitales por diversas afeciones. Fue un hecho que impactó a Sinaloa, aunque no se trató de un tema nuevo ni momentáneo.

“Entre el lunes y martes comienza a andar el albergue que nos pidió el señor Gobernador”, dijo Nuria González Elizalde, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Sinaloa (Sipinna).

El caso de Juan José Ríos es de extrema urgencia, dijo la funcionaria, pues es la muestra actual más visible de las condiciones del campo sinaloense, donde hay miles de personas que viven en condiciones extremas de marginación.

Esa solución servirá para una sola cosa: ser el refugio de 600 personas para los próximos 10 días, cuando se acabará el ciclo agrícola y las poblaciones migrantes vuelvan a sus pueblos en otros estados del País o dentro de la sierra de Sinaloa.

Este edificio se encuentra en Juan José Ríos y ha permanecido abandonado por al menos 10 años. Se hizo por el gobierno de Sinaloa y el Ayuntamiento de Guasave lo ha tenido a su cargo para el mantenimiento.

Cada año se han gastado miles de pesos en reparaciones, pero siempre se queda vacío, pese a que este debe servir como albergue para niñas y niños hijos de jornaleros agrícolas que no logran habitar en los campos.

Ahora el gobierno volvió a hacer una inversión millonaria, solo para rehabilitarlo y tenerlo en condiciones seguras para servir por 10 días.

En Juan José Ríos se reconstruye un albergue para personas migrantes que servirá como un espacio temporal. Fotografías: Marcos Vizcarra
Hay una veintena de trabajadores de diferentes empresas rehabilitando el espacio, colocando tuberías, cables, tazas de baño y pintura nueva para echar a andar a marchas forzadas el espacio.

-¿Y si estará para el lunes?

“Pues si venimos mañana domingo también, a lo mejor y sí, pero se le tiene que meter mucha mano”, dijo uno de los empleados contratados para la rehabilitación del espacio.

En la teoría, de acuerdo con Nuria González Elizalde, de Sipinna Sinaloa, estos espacios son el ejemplo de qué se debe hacer por empresas agrícolas.

“Esa es la idea”, mencionó la funcionaria en entrevista, “que los empresarios hagan espacios así y no dejen a los trabajadores en cuarterías”.
Esas cuarterías son espacios donde viven personas hacinadas en cuartos de dos metros por otros dos, con láminas viejas como techo, pisos de tierra y espacios sin drenaje ni agua potable.

Ahí viven familias enteras conviviendo con otras más, compartiendo entre paredes hechas -a veces- con con cobijas que sirven como falsas paredes.

Las niñas y niños son testigos frecuentes de violencias que se volvieron cotidianas, como el estar presentes cuando sus padres, hermanas o hermanos tienen relaciones sexuales o cuando hay abusos y violaciones sexuales contra otras mujeres.

Suelen ver la violencia familiar casi todos los días y en muchas de esas veces son las víctimas principales.

La solución es que las empresas se hagan cargo de otorgar vivienda, alimentación y dotar de más prestaciones a las y los migrantes que contratan. Eso sucede -aunque de forma precaria- con alrededor de 100 mil personas anualmente, pero otras 50 mil quedan fuera de esas posibilidades.

Este albergue que se reconstruye en Juan José Ríos es para solo el 11 por ciento de esos 50 mil migrantes que residen en cuarterías, y resolver la crisis implicará replicarlo en Rosario, Elota, Navolato, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Sinaloa, El Fuerte y Ahome, donde se tiene el registro de cuarterías fuera de los campos agrícolas.

Además, se deberá contemplar que de los 150 mil personas migrantes que llegan a Sinaloa provenientes de Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Durango, Chiapas, Baja California, Durango, Nayarit, Estado de México, Morelos, Coahuila, Querétaro, Jalisco, Puebla y Guatemala hay personas que se quedarán.

Ramón Olguín, un muchacho de 22 años originario de Cuitaboca -un pueblo de la sierra de Sinaloa- es una de estas personas que no podrán volver a su hogar. Él fue herido de bala en su pueblo y tuvo que bajar al valle, donde su mamá trabaja como jornalera y vive en una cuartería por 100 pesos al mes. Ya no podrán volver, pues las cañadas y barrancos, los caminos de tierra y la falta de médicos les impedirían moverse en el lugar.

Ramón y su madre se quedarán en todo el período de seca, cuando no hay manera de sembrar alguna hortaliza y por lo tanto no hay forma de encontrar trabajo. La única forma de sobrevivir es la creación de artesanías con hoja de pino que sabe hacer la señora y que ahora Ramón dice que deberá aprender.

Ramón ya no podrá regresar a su pueblo en la sierra de Sinaloa. Fotografía: Marcos Vizcarra
El caso de Ramón y su madre es uno entre tantos en todo el Estado. Su ventaja es que ellos podrán decidir si se marchan al albergue que se reconstruye o quedarse en las cuarterías que se mantienen en el Estado.

Esos espacios siguen vigentes, sin la seña de que puedan ser cerrados por las autoridades o modificados por las empresas agrícolas, que en las próximas dos semanas harán el cierre de la temporada y podrán festejar ingresos millonarios.

Las cuarterías permanecen ahí sin que nadie más voltee a verlas, aunque también podrían ser consideradas como áreas criminales al arbitrio del Gobierno del Estado, los municipios y la iniciativa privada, que se sirven de esos lugares para sostener el Producto Interno Bruto del Estado (PIB) con el costo no contabilizado de mantener a personas viviendo en condiciones indignas, precarias e infrahumanas.