Cada vez es mayor el número de personas que decide viajar por las llamadas carreteras libres que hacerlo por las autopistas con que cuenta Sinaloa, resolviendo así la paradoja de pagar o no el peaje correspondiente, resultando el mismo riesgo de circular por rúas que se ofrecen como seguras y modernas y en realidad presentan alto deterioro, o bien elegir las vías de un carril en cada sentido con los peligros que derivan.
Este es uno los puntos que el Gobierno de Sinaloa y la secretaría federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes están obligados a revisar minuciosamente una vez que sea atendido lo más urgente del accidente carretero que ayer causó la muerte de 22 personas y dejó heridas a otras 22 cuando un autobús de pasajeros se impactó contra una camión de carga, sin conocerse los peritajes que determinen las causas del percance.
Lo que se puede adelantar a todo ese trabajo técnico que en la mayoría de los casos resulta lento y opaco es la evaluación de factores que por separado o en conjunto convierten la mal llamada maxipista Culiacán-Mazatlán en ruta hacia la tragedia, con saldos frecuentes de decesos o lesionados de los que dan cuenta las secciones de nota roja de medios de comunicación y, por supuesto, los testimonios de sobrevivientes.
El diagnóstico debe realizarse por expertos que apoyen la labor de la Fiscalía General del Estado y en el planteamiento de soluciones es fundamental involucrar a quienes son duchos en lo referente a vías terrestres de comunicación, tan capaces como neutrales, para que del infortunado evento emanen acciones gubernamentales que obliguen al concesionario de las autopistas a ofrecer seguridad y calidad a cambio de las altas cuotas que cobra.
Evitar con voluntad política y jurídica que las decisiones para prevenir eventos futuros tan lamentables no queden incineradas junto a los escombros del autobús de pasajeros incendiado.
Si bien es cierto que lo emergente consiste en atender a los lesionados e indemnizar a los deudos de quienes perdieron la vida, no es menos importante determinar las responsabilidades de empresas privadas y de autoridades supervisoras y sancionadoras, y actuar conforme lo indiquen las investigaciones.
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