El único avance que reporta la reunión que el gobernador Rubén Rocha Moya y el encargado del despacho de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, sostuvieron ayer con la secretaria de Gobernación federal, Luisa María Alcalde, es que la funcionaria que tiene a su cargo la gobernabilidad nacional conoció los argumentos que esgrimen las dos parte del conflicto, en voz de los principales actores.
Más allá de eso no hay nada, excepto la pregunta de qué acciones determinará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: la negociación política que obsequie la impunidad que pretenden los funcionarios universitarios vinculados a procesos judiciales por presuntos manejos irregulares del presupuesto que recibe la institución, o la sanción firme de los delitos acusados en cinco carpetas de investigación sustentadas por la Fiscalía General del Estado, Auditoría Superior del Estado y Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Ahora sí el Gobierno Federal tiene un conocimiento completo de la persecución política y ataque a la autonomía que esgrimen como defensa los directivos de la Universidad sujetos a procesos judiciales, y los elementos que Rocha Moya puso sobre la mesa del diálogo para demostrar que sí apoya a la institución de educación superior pero también está a favor de que los tribunales resuelvan si existen o no hechos de corrupción que afectan las finanzas de la Universidad, lo cual de resultar probado obliga a la reparación del daño económico.
La posición de los dos frentes se refleja inamovible ya que Lizárraga Otero amenaza con continuar las movilizaciones y realizar actos de protesta en la visita que López Obrador hará el viernes a Sinaloa, y en el terreno de la justicia los tribunales continúan los procesos abiertos contra funcionarios de la UAS procediendo el juez que lleva el caso a reemplazar a los asesores jurídicos y representantes legales de éstos por considerar que van en contra de los intereses de la institución, quien resulta ser la víctima.
La apuesta de los servidores públicos que dirigen a la UAS es la movilización que desquicie la estabilidad estatal en medio de campañas políticas donde se extravía el papel de los inconformes al ser borrados los límites entre UAS y Partido Sinaloense; la apuesta de fiscales y juzgadores es que los procesos legales continúen hasta llegar a juicios que determinen si los indiciados son culpables o inocentes. ¿Pero qué es lo que quieren los ciudadanos cuyo mayor patrimonio educativo, que es la UAS, se ve en medios de riesgos que afectan a miles de estudiantes que aspiran a un mejor porvenir mediante el conocimiento?
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