A punto de acabar la tregua que los gobiernos federal, estatal y municipales debieron guardar en materia de promoción de imagen y obras, por disposición legal en el actual proceso electoral, parece que también llega a su fin la pausa que había mantenido en Sinaloa la acción de fiscales y jueces en casos de presunta corrupción en los que están involucrados actores del gobierno e instituciones, por delitos de desempeño indebido de la función pública, abuso de autoridad y compras y obra pública irregulares.
Con la detención del propietario de la empresa Azteca Lighting, que fue puesto a disposición de un Juez estatal por el posible delito de fraude genérico, debido a que en 2022 cerró un contrato con el Ayuntamiento de Mazatlán para la compra de 2 mil 139 luminarias con un costo de 400 millones, el cual debió ser licitado, la Fiscalía General y el Poder Judicial de Sinaloa retoman carpetas de investigación que permanecieron estancadas durante semanas.
De igual manera, dos semanas antes de la votación del próximo 2 de junio un juez de control intentó abrir el sexto procedimiento por presuntas compras sin licitar con un valor de 123 millones de pesos en que habrían incurrido el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa separado del cargo, Jesús Madueña Molina, y Héctor Melesio Cuén Díaz, Salvador Pérez Martínez, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio y Óscar Orlando Guadrón, ex miembros del Comité de Compras de la UAS.
Otro elemento para inferir que acabó la tardanza de las instancias ministerial y judicial tiene que ver con la negativa que un juez federal determinó en la solicitud que hizo Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la UAS y dirigente del Partido Sinaloense, para no ser aprehendido mientras se le realiza una investigación por posible enriquecimiento ilícito, indagatoria derivada de denuncias ciudadanas presentadas ante la fiscalía estatal.
Aunque la actuación de fiscalías y jueces debe continuar sin ser obstaculizada por coyunturas o circunstancias de cualquier índole, resulta razonable la prudencia que se adopta para evitar se politicen casos de alto manejo mediático e interés público, como los que involucran al ex alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, al ex presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y a ex funcionarios y directivos en activo de la UAS.
En todo caso lo que importa es que esos lapsos de inacción legal no se sumen a episodios de impunidad que dejan sin castigo a los perpetradores y sin el amparo de la justicia a las víctimas de éstos.
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