A la indignación de los sinaloenses por el cobarde ataque que un grupo de sicarios perpetró contra una familia, asesinando a dos niños y al padre de éstos, e hiriendo a otro menor de edad, no le corresponde como respuesta el “lo sentimos” que expresan las autoridades estatales sino todo el peso de la ley aplicada a los criminales.

La sociedad está herida por los 750 homicidios y 900 personas víctimas de desapariciones forzadas, así como el cúmulo de delitos que derivan, y por lo tanto los tres niveles de gobierno deben proceder a tomar decisiones que vayan más allá del pésame y la solidaridad y en cambio se traduzcan en acciones que detengan la agresión de la delincuencia contra la población pacífica a la que se refirió ayer durante su comparecencia ante el Congreso el secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, como “gente buena que es la verdadera dueña de Sinaloa”.

El acto brutal que privó de la vida a dos niños y a su padre, ocurrido el 19 de enero en el sector Los Ángeles de Culiacán, recibió la condena del gobernador Rubén Rocha Moya, del vocerio estatal Feliciano Castro, y del titular de la SSP, sin embargo, ninguna autoridad ofrece los resultados de la correspondiente investigación que concrete la detención y enjuciamiento de los autores de este crimen que se agrega a las consecuencias de la guerra que narcotraficantes libran en completa impunidad.

Las balas asesinas disparadas contra una familia de paz, sin vínculo alguno con delincuentes, hacen posible que desborden la indignación y percepción de ausencia de gobierno acumuladas durante más cuatro meses, acortándole el plazo a las instituciones federales y estatales para que restablezcan la seguridad y civilidad.

Este día la familia de los niños y padre inmolados, y culiacanenses que los acompañaran, harán que se escuche el grito de dolor e impotencia de los pacíficos que nada tienen que ver con la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa y sí tienen mucho que hacer para lograr que las autoridades asuman la obligación de proteger a los sinaloenses de bien.

Ley dura y justicia firme en vez de oratoria, pésames y desidias.