El Consejo Coordinador Empresarial quiere dos leyes de aguas

Culiacán, Sinaloa.- No eliminar, sino hacer convivir a una nueva Ley General del Agua con una reformada Ley de Aguas Nacionales es lo que propone el Centro Coordinador Empresarial (CCE) en torno al nuevo marco jurídico para la gobernanza del agua en el país. En este escenario la Ley General del Agua regularía exclusivamente el Derecho Humano al Agua.

Si bien, la Ley de Aguas Nacionales tiene oportunidades de mejora, es un instrumento que da certeza jurídica a todos los usuarios del agua, indicó José Ramón Ardavín Ituarte, director del centro de estudios del sector privado para desarrollo sostenible (CESPEDES), del Consejo Coordinador Empresarial.

“Nosotros sí insistimos, deben ser dos leyes, no una, dos leyes coordinadas y en coordinadas. Y esto incluye algunas modificaciones puntuales o mejoras en la ley de aguas nacionales y la ley que da el agua”, comentó Ardavín durante su participación en el Foro “Transformando el Régimen del Agua en México”.

Para este organismo, que representa a los intereses de la industria nacional, la Ley de Aguas Nacionales se basa en el artículo 27 constitucional, mientras que una Ley General de Aguas se basaría en el artículo 4.

“Cada uno tiene su propio ámbito de regulación, por lo que deben de tener su propia ley reglamentaria, sin demérito de la indispensable coordinación de ordenamientos”, indica un ensayo firmado por Ardavín a nombre del CESPEDES.

En este también se señala que, en realidad, la legislación vigente no se aplica de manera plena, ni tampoco se hacen las inversiones requeridas para garantizar el Derecho Humano al recurso.

En el tema del agua, considera, es indispensable dar certeza jurídica de largo plazo a los diversos usuarios del agua, particularmente a la industria, al que señala como actor principal del “Plan México” del Gobierno Federal.

Asimismo, Ardavín enumera las propuestas del CCE en temas como fortalecer a la Subdirección Técnica de la CONAGUA para actualizar, al menos cada dos años, la disponibilidad de las cuencas y acuíferos del país. A falta de recurso, la autoridad debe acudir a información generada por estudios correctamente documentados de particulares y de instituciones con probada capacidad y objetividad.

Otra propuesta es que se asegure la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. “Más del 40% del agua potable se pierde en fugas, y más de 70% se pierde en las actividades de riego por evaporación, y la inexistente u obsoleta infraestructura de canales y conducciones adecuadas para esta vital actividad”, indica.

Una tercera propuesta es en torno al presupuesto dedicado al sector, el cual debe incrementar de manera sustancial, señaló. “Es necesario que México invierta del orden de 80 mil millones de pesos al año, durante los próximos 50 años en el sector, para lograr llevar a cabo una gestión integral del agua en el país y poder abastecer de agua en cantidad y calidad a toda la población”, estimó.

Otra propuesta desde el CESPEDES es mantener la vigencia de las concesiones de 5 a 30 años y facilitar a los concesionarios un uso distinto de volúmenes de agua no utilizados “a través del uso eficiente, reúso, acciones de reabastecimiento y de recuperación de volúmenes, y en general, de beneficio y mejora de la cuenca hidrológica de procedencia del agua concesionada; o en virtud de acreditar planes de expansión o ampliación de la actividad productiva”.

Para asegurar una política de reúso sustentable, añade, se propone no limitar los usos que se le pueden dar al agua residual tratada, esto sin poner en riesgo la salud pública.