La reciente decisión del Banco de México de reducir la tasa de interés de referencia a 6.50% vuelve a encender el debate sobre el verdadero rumbo de la política monetaria nacional. En un entorno caracterizado por bajo crecimiento económico, contracción de la actividad productiva e inflación persistente, el país se acerca peligrosamente a un escenario de estanflación: una combinación de estancamiento económico con elevados niveles de inflación, uno de los fenómenos más complejos y delicados de la teoría macroeconómica moderna.

El propio comunicado del banco central reconoce que la economía mexicana registró una contracción durante el primer trimestre de 2026 y que persisten riesgos inflacionarios importantes, particularmente por conflictos geopolíticos, presiones de costos y volatilidad internacional. Sin embargo, pese a este contexto, la Junta de Gobierno decidió continuar con el ciclo de recortes iniciado en 2024.

La contradicción es evidente; y desde la perspectiva de la teoría macroeconómica clásica y monetarista, cuando una economía enfrenta inflación elevada y expectativas inflacionarias desancladas, la prioridad técnica debería ser preservar la estabilidad de precios mediante una postura monetaria restrictiva. Es decir, el combate a la inflación tendría que prevalecer incluso a costa de un menor crecimiento temporal; que ha sido históricamente el principio fundamental de autonomía de los bancos centrales modernos.

No obstante, la señal que hoy envía el Banco de México parece responder más a presiones políticas y a la necesidad de estimular artificialmente la actividad económica que a una estricta lógica técnica. La reducción de tasas puede aliviar temporalmente el costo financiero del gobierno y generar una percepción de apoyo al crecimiento, pero también incrementa el riesgo de debilitar el anclaje inflacionario en un momento donde la inflación aún permanece lejos de la meta de 3%.

Más preocupante aún es que la decisión exhibe una división interna dentro de la propia Junta de Gobierno. Dos integrantes votaron por mantener la tasa en 6.75%, reflejando que existe preocupación sobre la velocidad de relajamiento monetario.

México enfrenta hoy un problema estructural que no puede resolverse únicamente con menores tasas de interés. La debilidad productiva, la incertidumbre internacional, la baja inversión y la pérdida de dinamismo industrial requieren políticas integrales y no solamente estímulos monetarios.