Culiacán, Sin.- La colectiva feminista Periferia Subversiva se posicionó públicamente en contra de la iniciativa conocida como “Ley Rocha”, al considerar que representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información, además de señalar un proceso legislativo marcado por la simulación.
A través de un pronunciamiento, la colectiva expresó su respaldo a organizaciones civiles y al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, quienes han advertido riesgos en la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo estatal.
“Cuando un gobierno busca reducir la transparencia, lo que se pone en riesgo es la capacidad colectiva de cuestionar el poder”, señalaron.
Posicionamiento emitido por la colectiva Periferia Subversiva el 22 de mayo de 2026 en rechazo a la iniciativa conocida como “Ley Rocha”.
“Respaldamos a quienes han hecho el trabajo técnico”: Rita Tirado
En entrevista para ESPEJO, Rita Tirado López, fundadora de la colectiva, explicó que la postura surge tras observar el proceso en el Congreso del Estado y los señalamientos de especialistas en transparencia.
“Confiamos en el criterio de estas organizaciones civiles, que a lo largo de los años han informado a la ciudadanía sobre sus derechos en materia de acceso a la información. Si ellas están diciendo que es una ley tapadera, lo que corresponde es respaldar”, dijo.
Tirado cuestionó las mesas convocadas por el Congreso, a las que calificó como ejercicios de simulación.
“Es algo que pasa comúnmente: se convoca a organizaciones, pero no hay una intención real de escuchar. Ya lo hemos vivido como colectivas”, señaló.
La colectiva vinculó la discusión de la ley con el contexto actual de Sinaloa, marcado por desapariciones, desplazamiento forzado y crisis de seguridad.
En ese sentido, advirtieron que limitar la transparencia afecta directamente a poblaciones vulnerables.
“La información también sostiene la vida. Las madres buscadoras, las comunidades desplazadas, las defensoras del territorio necesitan acceso a la información para poder acceder a la justicia”, expresó Tirado.
Sobre los dichos del diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien argumentó que las leyes de transparencia no son utilizadas por la ciudadanía, Tirado calificó la postura como reduccionista.
“No es un tema burocrático. Una ley de transparencia define la capacidad de la sociedad para vigilar el ejercicio del poder. Decir que no sirve porque no se usa es ignorar el contexto de desigualdad en el acceso a la información”, sostuvo.
Brecha de acceso y territorios
Uno de los puntos señalados por la colectiva es la falta de enfoque territorial en la iniciativa, particularmente en comunidades sin acceso a internet o herramientas digitales.
“¿Dónde pueden consultar esta ley las personas que no tienen acceso a plataformas digitales? La transparencia también debe llegar a la sierra, a los territorios donde no hay señal. Si no es accesible, no existe en la práctica”, afirmó.
Exigen proceso abierto y participación real
En su posicionamiento, la colectiva respaldó las exigencias de organizaciones civiles:
- Desechar la iniciativa
- Abrir un parlamento abierto real
- Garantizar procesos públicos y accesibles
- Construir reformas con participación ciudadana
Además, advirtieron que la falta de diálogo con la sociedad civil incrementa la desconfianza hacia las instituciones.
“Gobernar sin escuchar profundiza la distancia entre el gobierno y la realidad que vivimos en Sinaloa”, señalaron.
La colectiva concluyó que, en el contexto actual del estado, la discusión no debería centrarse en restringir información, sino en ampliarla.
“En Sinaloa necesitamos más rendición de cuentas, no menos. En contextos de narcoviolencia y crisis humanitaria, la opacidad es impunidad”, concluyó Tirado.
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