Por Daniel Villaman y Marcos Vizcarra
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como su dependencia ejecutora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), preparan una revisión a los posibles daños ambientales que ha dejado la construcción de una planta de de producción de amoniaco por la firma Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la empresa alemana Proman, la cual se construye en Topolobampo, al norte de Sinaloa.
En la última semana, se difundió que la empresa había promovido un amparo con el fin de impedir a las autoridades ambientales realizar una inspección a la planta. Sin embargo, Renato Ocampo, delegado de Semarnat en Sinaloa, explicó que sí hay un litigio, pero que fue presentado en 2024 está relacionado con un litigio sobre la titularidad de una fracción del terreno, cuya condición se disputa entre propiedad privada y zona federal.
Ese litigio es el 592/2024, radicado en el Juzgado Séptimo de Distrito en Sinaloa, y a la fecha se mantiene sin resolverse porque el juez a cargo ha diferido en cinco ocasiones la audiencia constitucional.
“Efectivamente en el (proceso de amparo) se toma en cuenta lo relacionado con la zona federal. Se metió años atrás donde se ampara por el tema de la zona federal y la tenencia de la tierra y está en proceso de que se resuelva. Lógicamente no se puede ir en contra de lo que diga un juez”, afirmó Ocampo, “Sin embargo, no exime que PROFEPA haga una revisión en materia de impacto ambiental”.
Mientras no exista una resolución al litigio, no se podrá revisar lo correspondiente a la “zona federal”, que incluye –entre otras cosas– las autorizaciones, concesiones, permisos y tenencias.
Lo que sí se revisará es la inspección en materia ambiental de la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, el cual se colocó como uno de cuatro compromisos hechos por la titular federal de Semarnat, Alicia Bárcena, con líderes indígenas que se oponen al proyecto petroquímico por sus posibles impactos sobre el ecosistema de la Bahía de Ohuira y la forma de vida de los pueblos cercanos mientras que prevé producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco.
“La Profepa presentará la revisión y la intención es que exista otra mesa de trabajo con personal de Semarnat, incluso con oficina central”, señaló el delegado de Semarnat en Sinaloa, al recordar que ese es un acuerdo planteado en una mesa de diálogo que se celebró en la ciudad de Los Mochis el pasado 12 de junio, la cual fue encabezada por pueblos indígenas Mayo-Yoreme y la secretaria Alicia Bárcenas.
La lucha de los pueblos Mayo-Yoreme
Plantón en las puertas de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente. Foto: Cortesía
Los pueblos Mayo-Yoreme y el colectivo “Aquí No”, integrado también por activistas sociales, han rechazado la instalación de la planta desde 2014, cuando se le otorgaron los primeros permisos.
El movimiento ha encabezado litigios y uno de ellos legó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual en 2022 les concedió un amparo y echó abajo todos los trámites porque fueron dados sin una consulta previa.
Dicha consulta se tuvo que realizar, aunque esta fue incluyendo pueblos lejos de la zona de impacto.
Las comunidades alrededor de la Bahía de Ohuira (donde se construye la planta) han mantenido su lucha, asegurando que ya se han tenido daños ambientales graves, entre ellas la tala de 26 hectáreas de mangle y desechos echados en marismas.
Las manifestaciones se aceleraron en las últimas semanas tras la llegada de tres reactores para procesar químicos, lo que logró la atención de Semarnat para lograr acuerdos, entre ellos el de respetar la libre manifestación y el de hacer una revisión por posibles daños ambientales.
La revisión pendiente
Alicia Bárcena se reunió con inconformes con la planta de amoniaco.
Marco Moreno, director de Profepa en Sinaloa, explicó que tanto la programación como los alcances de una eventual inspección ambiental a la planta corresponden a la oficina central de la dependencia.
“Se está trabajando eso en una mesa de trabajo técnica para definir. En zona federal ahorita hay un amparo vigente. Y las futuras inspecciones que pueda hacer la procuraduría las están definiendo directamente en la oficina de la procuradora […] Hay muchas materias en las cuales se puede inspeccionar: puede ser por vida silvestre, de impacto ambiental, de la industria”,
Explicó que hasta la fecha no hay programada ninguna nueva inspección por parte de Profepa Sinaloa.
“Como oficina aquí en Sinaloa no tenemos ninguna inspección formal que vayamos a hacer porque seguramente, si se hace, se va a dictar directamente desde la oficina central. Ellos van a definir qué tipo de inspecciones serán necesarias”, dijo.
Añadió que, a título personal, cree que es probable que pronto se defina una fecha para la inspección, pues la última se realizó a finales del año pasado por parte de las oficinas centrales de la Profepa.
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