CULIACÁN. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa A.C. (CDDH Sinaloa) solicitó medidas preventivas de manera urgente a autoridades estatales y federales para la protección de comunidades Mayo-Yoreme que mantienen un plantón pacífico frente a las instalaciones de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en Topolobampo.
En un documento fechado el 24 de junio de 2026, el cual fue enviado al Gobierno de Sinaloa, la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, corporaciones de seguridad, Protección Civil, Guardia Nacional, Semarnat, Profepa e INPI se señaló que el llamado responde al riesgo que, de acuerdo con su posicionamiento, representa la movilización convocada por la empresa para el domingo 28 de junio en las inmediaciones donde permanece el plantón comunitario.
En el documento, la Comisión refiere que la Bahía de Ohuira forma parte del Sitio Ramsar “Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira”, además de integrar las Islas del Golfo de California, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
También señala que desde 2014 las comunidades mayo-yoreme mantienen una resistencia pacífica y legal contra el proyecto de GPO, filial del consorcio Proman, que contempla una planta con capacidad proyectada de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco por día.
El posicionamiento recuerda que en el Amparo en Revisión 498/2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el proyecto debía estar precedido por un proceso de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, menciona que 11 procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas expresaron preocupación por la consulta y por los posibles impactos sobre el territorio y la cultura del pueblo yoreme.
Marcha y acuerdos con Semarnat
La Comisión refiere que el 7 de junio de 2026 miles de personas, en su mayoría integrantes del pueblo mayo-yoreme, marcharon de Los Mochis a Topolobampo en un recorrido de 24 kilómetros.
Posteriormente, el 12 de junio, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, sostuvo una reunión con representantes comunitarios y el colectivo “¡Aquí No!”, donde, según el documento, se establecieron cuatro acuerdos:
- Continuación del plantón frente a GPO.
- Continuación de las mesas de diálogo.
- Acompañamiento comunitario durante diligencias de Profepa.
- Contacto formal entre la autoridad federal y la empresa.
La Comisión señala que el 22 de junio las comunidades denunciaron públicamente que no existía seguimiento verificable a esos acuerdos y que ese mismo día ocurrió un incendio en las inmediaciones del plantón, donde pernoctaban alrededor de 50 personas, entre ellas niñas, niños y personas adultas mayores.
Solicitan protección para el plantón
En su posicionamiento, la CDDH sostiene que el plantón instalado frente a la planta constituye una manifestación pacífica y señala que la movilización convocada para el 28 de junio podría coincidir con el espacio donde permanecen las comunidades.
El organismo solicita a las autoridades implementar medidas preventivas para proteger a quienes participan en el plantón y evitar actos de hostigamiento, confrontación o intimidación.
Entre las acciones propuestas se encuentran:
- Garantizar la protección inmediata del plantón.
- Establecer un perímetro de seguridad entre la movilización y el campamento comunitario.
- Desplegar un operativo con enfoque de derechos humanos y registro audiovisual oficial.
- Instalar una misión visible de observación de derechos humanos con participación de organismos públicos y observadores civiles.
- Solicitar a GPO y a sus contratistas abstenerse de dirigir la movilización hacia el plantón o utilizar a trabajadores para confrontar a las comunidades.
- Informar públicamente las medidas de protección y los canales de denuncia disponibles antes de la jornada del 28 de junio.
Llamado a las autoridades
En el posicionamiento final, la Comisión afirma que las comunidades mayo-yoreme y las personas defensoras que mantienen el plantón ejercen un derecho protegido por la Constitución y por instrumentos internacionales.
Asimismo, sostiene que el conflicto en la Bahía de Ohuira constituye un asunto relacionado con derechos humanos y hace responsables a las autoridades destinatarias del documento de cualquier acto de violencia, hostigamiento, intimidación o agresión que, según señala, pudiera presentarse contra las comunidades indígenas y personas defensoras durante la jornada del 28 de junio, en caso de no implementarse las medidas preventivas solicitadas.
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.