Culiacán, Sinaloa.- El sexenio de Rubén Rocha Moya se acerca a su final sin que se hayan concretado las obras de agua potable y drenaje comprometidas para 60 lotes destinados a familias desplazadas por la violencia en La Pitahayita, Culiacán, denunciaron integrantes del Movimiento Antorchista.
Pavel Calderón Sosa, representante estatal de la organización, señaló que los terrenos fueron asignados durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, pero que las obras de infraestructura necesarias para habitarlos siguen pendientes, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades estatales.
El dirigente afirmó que, durante la actual administración, encabezada en esta última etapa por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, las familias han esperado alrededor de cuatro años sin obtener una solución. Añadió que el compromiso era introducir agua potable y drenaje en las manzanas 19 y 20 durante el último trimestre de 2026.
“Ya se va a acabar este sexenio y no hubo obra importante para los desplazados en Sinaloa”, sostuvo Calderón Sosa.
El representante explicó que, aunque los terrenos fueron asignados a integrantes de su organización, la entrega no ha estado acompañada de las obras de infraestructura comprometidas para que las familias puedan establecerse en ellos.
“De lo que a nosotros nos consta, no ha habido nada. Ni un solo lote se ha entregado y tampoco se ha introducido ninguna obra”, declaró.
Cuatro años de espera
Calderón Sosa señaló que integrantes del Movimiento Antorchista provenientes de Guamúchil y Culiacán han sido entrevistados por autoridades de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) desde hace tres o cuatro años, sin que esas gestiones se hayan traducido, según su testimonio, en soluciones concretas.
Integrantes del Movimiento Antorchista en Sinaloa denunció falta de obra para desplazados.
También cuestionó la falta de continuidad en la atención a las familias desplazadas, pese a los cambios de titulares en la dependencia responsable de atender esta problemática. De acuerdo con el representante, durante la actual administración se contabilizado cuatro titulares por la Sebides.
Sin padrón actualizado de desplazados
A la falta de infraestructura se suma la incertidumbre sobre cuántas familias permanecen en situación de desplazamiento forzado en Sinaloa y cuáles están consideradas en los registros oficiales.
El 28 de julio de 2026, ESPEJO documentó que más de mil familias desaparecieron del registro estatal de personas desplazadas, una situación que evidenció problemas en la actualización del padrón y en el seguimiento de esta población.
Posteriormente, el 17 de octubre, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava reconoció que el registro estatal contabilizaba poco más de 3 mil familias, aunque advirtió que la cifra podría ser inferior al número real de personas desplazadas y planteó la necesidad de realizar un nuevo estudio.
Ante esta situación, Calderón Sosa adelantó que estarán presentando una denuncia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa.
Mientras las autoridades mantienen pendiente la actualización de los registros, las familias representadas por Antorcha continúan reclamando las obras de agua potable y drenaje para los terrenos que les fueron asignados.
A medida que se acerca el cierre del sexenio, el cumplimiento de esos compromisos sigue siendo una demanda de las personas desplazadas que buscan establecerse en un lugar seguro tras haber abandonado sus hogares debido a la violencia.
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