Culiacán, Sinaloa.- Las denuncias por presuntos actos anticipados de campaña de integrantes del partido de Morena volvieron a enfrentar al oficialismo y a los partidos de oposición en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), luego de que este miércoles 28 de octubre, el organismo electoral determinara, de nueva cuenta, que no se acreditaron infracciones hacia las figuras del partido en el poder.

El debate se dió durante una sesión especial virtual donde el IEES resolvió dos procedimientos acumulados, promovidos por Movimiento Ciudadano (MC) y seis ciudadanos contra 13 figuras políticas, entre ellas la senadora Imelda Castro Castro, la gobernadora Graciela Domínguez Nava y la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios.

Las denuncias apuntaban a presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, promoción personalizada y posibles afectaciones a la equidad electoral por reuniones informativas, visitas a domicilios, entrevistas y publicaciones en redes sociales como parte del proceso interno de Morena para la Coordinación Estatal de la Defensa de la 4T.

Sin embargo, el IEES, como ya lo había hecho en quejas similares anteriores, determinó que al no existir un llamado al voto, no había elementos suficientes para acreditar las infracciones denunciadas y resolvió los procedimientos sin imponer sanciones a las figuras políticas señaladas.

Esto provocó un enfrentamiento entre los distintos representantes de partidos políticos. Mientras que, Morena defendió la determinación del IEES indicando que las actividades señaladas formaban parte de sus procesos internos, el PAN, PRI, PAS y MC reclamaron que el Instituto debe revisar con mayor rigor si este tipo de encuentros sirven para promover aspiraciones políticas antes de los tiempos establecidos por la ley.

“Entendemos que los partidos tienen derecho a organizar sus procesos internos, pero también creemos importante analizar hasta dónde estas actividades buscan generar un posicionamiento electoral anticipado, así como conocer el origen de los recursos utilizados”, sostuvo José Eduardo Beltrán, de Movimiento Ciudadano.

Mientras que Edgardo Burgos, del Partido Acción Nacional (PAN) respaldó a los ciudadanos que presentaron una de las denuncias y cuestionó que, pese a los señalamientos, las autoridades electorales no estén frenando lo que considera una promoción política anticipada.

“Existe una ingobernabilidad democrática que sin duda afecta a uno de los principios básicos y fundamentales de todo proceso electoral que es el de la equidad en la contienda”, dijo.

El panista lanzó fuertes críticas contra Morena y el gobierno estatal, a los que acusó de aprovechar las actividades políticas para posicionar a sus figuras rumbo a las próximas elecciones. También sostuvo que la ciudadanía terminará juzgando estas conductas en las urnas.

Por su parte, Ricardo Salazar, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó que la resolución no incluyera un análisis suficientemente exhaustivo de las pruebas y de las expresiones que podrían tener un significado electoral sin pedir directamente el voto.

El priista consideró que el IEES debe investigar con mayor profundidad si las actividades presentadas como parte de los procesos internos de los partidos pueden utilizarse para eludir las restricciones electorales.

“Esto se los planteo no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista sociológico. La sociedad demanda la existencia de un instituto que analice de manera rigurosa la actuación de los actores políticos para evitar que estos traten de eludir el cumplimiento de la normatividad”, agregó.

En el mismo sentido, Lolita Gauthereau, representante del Partido Sinaloense (PAS), señaló que las reglas electorales deben aplicarse por igual a todas las fuerzas políticas, mencionando que “no es jurídicamente aceptable que mientras los partidos políticos deben de sujetarse a las disposiciones que regulan los procesos electorales, existan actividades que puedan generar ventajas indebidas mediante la promoción anticipada de aspiraciones”.

Ante los reclamos, Edgar Solís, representante de Morena, defendió las actividades señaladas en las denuncias y afirmó que corresponden a los procesos internos del partido para identificar posibles perfiles, sin que eso signifique que las personas participantes necesariamente obtendrán una candidatura.

Por su parte, el consejero electoral Martín González Burgos, presidente de la Comisión de Quejas, reconoció que Sinaloa atraviesa un escenario político atípico, sin embargo, señaló que el IEES debe apegarse al marco jurídico y a los criterios establecidos por las autoridades jurisdiccionales

En cuanto la resolución del IEES, en el caso de Imelda Castro y Graciela Domínguez, el Consejo General determinó el sobreseimiento de las quejas porque los hechos denunciados ya habían sido revisados en procedimientos anteriores, identificados como SE-PSO-003/2026 y SE-PSO-004/2026.

El Instituto argumentó que volver a analizar las mismas conductas y eventos vulneraría el principio jurídico non bis in idem, que impide juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.

Por otra parte, el IEES concluyó que las pruebas contra varias de las personas denunciadas no contenían llamados al voto ni expresiones suficientes para acreditar actos anticipados de precampaña o campaña.

También descartó la promoción personalizada en los casos analizados de personas que contaban con licencias para separarse de sus cargos cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Finalmente, sobreseyó las quejas contra Lucila Ayala de Moreschi y Tomás de Jesús López Bajo porque no se presentaron pruebas concretas que los vincularan con los hechos señalados.

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