Al ser octubre uno de los meses de mayor violencia de alto impacto desde que inició la narcoguerra en Sinaloa, con 201 homicidios dolosos y 22 casos de feminicidios entre éstos, la confianza depositada en el gobierno debe transmutar a la exigencia ciudadana generalizada para que instituciones y servidores públicos hagan lo que les corresponde para implantar la ley y poner orden.

Se agotó el plazo concedido a las fuerzas armadas, corporaciones policiacas, funcionarios a cargo de instituciones de seguridad militares y civiles, que vienen y se van, que despliegan enormes contingentes de soldados y civiles, que sí le asestan golpes al crimen, pero la acometida de la delincuencia organizada se impone con afectaciones generalizadas.

La crisis de la seguridad pública evidencia que a dos años y dos meses de que inició el conflicto entre segmentos del narcotráfico en el Cártel de Sinaloa, el Gobierno Federal procede a administrar las consecuencias y contar a las víctimas, sin garantizar el retorno de las garantías constitucionales que son fundamentales para el desarrollo humano en todas las vertientes legítimas.

Sinaloa no dispone de mayor tiempo para sentarse de brazos cruzados a esperar que la estrategia que aplican la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch postergue la pacificación y opte por matizar la crisis gubernativa que origina la prevalencia de la ilegalidad y atrocidad.

La violencia arrasa con el andamiaje económico, político y estatal que sostiene la gobernabilidad y devasta polos del desarrollo que como Mazatlán le son vitales a Sinaloa. Octubre reciente con 201 muertes por violencia, mayor que el mismo mes de 2025 con 174 asesinatos y 187 en 2024, nos avisa que como sociedad nos urge transitar de la resignación a la inconformidad por la insuficiente acción del Estado mexicano en lo respecta a paz positiva y permanente.