Ciudad de México.- Condiciones irregulares de detención, privación arbitraria de la libertad a personas en situación migratoria regular, uso desproporcionado de la fuerza y otras violaciones a derechos humanos son algunas de las circunstancias que 40 migrantes fallecidos, otros 27 heridos y 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas enfrentaban de manera previa al incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo de 2023.

Así lo documenta el informe especial No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, elaborado por las organizaciones Fundación para la Justicia (FJEDD), Asylum Access México (AAMX), Derechos Humanos Integrales en Acción AC (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (Imumi).

Tras el incendio, otras muchas irregularidades se sumaron: las autoridades confundieron a personas muertas y con vida; el Instituto Nacional de Migración (INM), a juicio de las organizaciones, sigue consagrándose como una de las instituciones mexicanas con más señalamientos por violencias a derechos humanos y otros 14 incendios han ocurrido durante la administración de Francisco Garduño.

“Este (el incendio en Ciudad Juárez) es un hecho que se encuadra en una serie de acontecimientos que deben estudiarse para identificar las responsabilidades”, acusan las organizaciones. A ellos se suma que la respuesta posterior de las autoridades hacia las víctimas ha sido revictimizante.

Funcionarios mexicanos trasladan el cuerpo de uno de los migrantes quien murió en un incendio el 27 de marzo de 2023 en el Instituto Nacional de Migración al pie del puente de la calle Stanton en Ciudad Juárez. Foto: Corrie Boudreaux/El Paso Matters)

El informe, disponible a partir de este lunes, documenta que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha destacado por su ausencia, pues ha permitido que el INM –señalado como perpetrador de los hechos– sea el encargado de implementar las medidas de asistencia y reparación.

Por otro lado, la investigación de los hechos penales se ha caracterizado por dificultar el involucramiento de las víctimas y la defensa de sus derechos, mediante diversos obstáculos generados por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial.

Por el incendio en Ciudad Juárez —detalla el documento— hay cinco causas penales y 11 personas imputadas, entre ellas agentes del Instituto Nacional de Migración, dos migrantes, guardias de seguridad privada, un contralmirante titular de la oficina del INM, el coordinador del Grupo Beta, el jefe del departamento de Recursos Materiales, el director de Control y verificación y el comisionado Francisco Garduño Yañez.

“Las organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañamos a las víctimas del incendio hemos sufrido difamaciones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hemos visto obstaculizado nuestro derecho humano de defender derechos humanos”, consigna el documento.

Las condiciones previas, violaciones sistemáticas a derechos humanos

 

El informe especial No nos dejen morir aquí: Incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez señala que antes de que ocurriera el incendio, se registraron casos de personas migrantes privadas de la libertad que sí contaban con documentación que acreditaba su estadía regular en el país.

En el documento se detallan específicamente el caso de un migrante colombiano fallecido que había llegado a la Ciudad de México procedente de Bogotá, Colombia, el 7 de febrero de 2023, quien contaba con una situación migratoria regular que le permitía transitar libremente por el país durante 90 días.

Lo mismo ocurrió con una persona migrante venezolana de 22 años que contaba con documentación para permanecer en el país de manera regular. Este tipo de casos, señalan las organizaciones, requieren especial investigación para determinar la legalidad de su detención y privación de la libertad.

Además, existieron detenciones arbitrarias en las que participaron autoridades municipales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la Dirección de Derechos Humanos y de la Secretaría de Seguridad Pública local, así como autoridades federales adscritas a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración.

“Las autoridades hicieron uso desproporcionado de la fuerza para llevar a cabo las detenciones. Documentamos que golpearon e insultaron a migrantes detenidos, sin que ellos presentaran resistencia al momento de la detención”, señala el reporte.

Además, las condiciones de detención de las personas migrantes implicaban, de manera sistemática, la violación a sus derechos humanos, pues no contaban con acceso a alimentación adecuada y al agua potable lo tenían limitado, mientras que tampoco contaban con productos sanitarios, una adecuada defensa jurídica frente a las detenciones arbitrarias ni condiciones dignas en el centro de detención.

En la Estancia Provisional Tipo B de Ciudad Juárez, las personas migrantes –agrega el informe– permanecían períodos prolongados sin agua ni alimento, no había medidas de protección civil adecuadas ante siniestros ni protocolo en caso de incendios. La evidencia recabada por las organizaciones revela la comisión de, al menos, un acto de tortura contra un migrante, que se sumaba a actos comunes de violencia verbal.

Empresas privadas para seguridad, una problemática

 

El informe No nos dejen morir aquí hace énfasis en el rol de las empresas privadas en la seguridad de los lugares de detención. Mientras que estándares internacionales recomiendan que esta debería estar a cargo de funcionarios públicos, también advierten que cuando el Estado la cede a entes privados, debe asumir la responsabilidad de impedir abusos y prevenir activamente actos de tortura y malos tratos.

Sin embargo, el documento advierte que “la detención de migrantes se ha convertido en una industria en la que los contratistas de prisiones privadas –y, en algunos casos, los Estados– reportan considerables beneficios anuales por la detención de migrantes y solicitantes de asilo”.
Además, subraya que el protocolo de actuación creado por el INM para responder a incendios en la Estancia provisional tipo B de Juárez no contemplaba rescatar a las personas migrantes privadas de la libertad al interior de esta.

La presentación del informe –encabezada por Ana Lorena Delgadillo y Jerónimo del Río, de la FJEDD; Gretchen Kuhner, del Imumi; Blanca Navarrete, de DHIA; Alejandra Montesinos, de AAMX; Andrea Pochak, de la CIDH y Carlos Sálazar, de la ONU– se da a unos días del primer aniversario del incendio, que motivó también una manifestación de las organizaciones en las instalaciones del INM con el mensaje central “La detención migratoria mata”.

Los representantes de las asociaciones señalaron que la trascendencia del hecho es que ha sido el que mayor número de personas fallecidas ha provocado a manos del INM en toda la historia de nuestro país. Además, acusaron que sus denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la FGR no tuvieron ningún resultado.

Como parte de las recomendaciones con las que concluye el documento, se pide que se detenga la respuesta militarizada y se deje de criminalizar a los migrantes, que la detención migratoria deje de ser la principal política y solo se emplee en casos excepcionales, que Francisco Garduño se separe de su cargo, que se lleven a cabo las investigaciones de manera efectiva, se realice un diagnóstico oportuno de todos los centros y estancias del INM y se registre cada una de las víctimas que entre en estas instancias.

De la misma manera, que las empresas privadas no participen en las tareas de control migratorio, que las víctimas dejen de ser criminalizadas y las organizaciones estigmatizadas, y que se deje de criminalizar a quienes participan en la defensa, así como que el caso alcance la justicia y la reparación integral del daño.

También te puede interesar:

***

Esta información es una publicación de Animal Político. Aquí puedes leer el texto original.