Caer en imprecisiones en temas como la seguridad pública, queriendo apagar crisis con mentiras a causa del descuido de verificación de datos, equivale a jugar con el derecho de los sinaloenses a la coexistencia con legalidad y con policías e instituciones de protección que concreten resultados fehacientes que abonen al sentimiento de tranquilidad de la población y la confianza en las autoridades en la materia.
A raíz de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, dio a conocer el pasado fin de semana que habían regresado a sus casas las ocho personas faltantes, que desaparecieron durante el operativo criminal que el 22 de marzo sustrajo de sus domicilios a 66 culiacanenses, los familiares de los supuestos localizados desmintieron la información emitida por el funcionario estatal.
Inclusive, con la información dada a conocer por Mérida Sánchez, el gobernador Rubén Rocha Moya celebró dicho logro de la fuerza pública coordinada, y lo hizo en las horas previas a que llegara a Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador en visita oficial, trayendo el tema de la seguridad de los ciudadanos como asunto de alta prioridad y destacando resultados de operativos para combatir la violencia.
En caso de confirmarse que no se han reintegrado a sus familias la totalidad de las personas que fueron extraídos de sus casas aquel viernes que alarmó a los ciudadanos, entonces el gobernador debe revisar en manos de quién está la seguridad pública en Sinaloa y detectar los dislates constantes de su secretario de área, adoptando medidas correctivas para que al ambiente de miedo a la delincuencia no se le añada la sensación de que a los criminales se les combate con mentiras.
A los sinaloenses hay que decirles las cosas como son para que desde el conocimiento de la realidad real tomen decisiones correctas para el cuidado personal, familiar y patrimonial. Cualquier sistema de persecución del delito fincado en la declaracionitis que evade la certificación de los hechos aludidos, va en contrasentido del deseo y derecho de los ciudadanos para que la pacificación sea verídica y no panacea que profundiza el peligro y la inacción de la ley.
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