Independientemente de la versión aportada ayer por la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que el grupo criminal que el 22 de marzo privó de la libertad a familias enteras en Culiacán instruyó para que ocho personas se hicieran pasar como los ocho últimos liberados, las instituciones de seguridad pública y protección de justicia deben actuar con las máximas posibilidades a su alcance para evitar que escale a mayores consecuencias el evento violento referenciado como “viernes negro”.
Más allá de las versiones de familiares de los ocho que seguían retenidos, que niegan que estos hayan regresado a sus casas, o de las especulaciones situadas en la conversación pública que les dan juego a bastantes hipótesis, las tareas de la fuerza pública coordinada en lo estatal y federal, debe proseguir con las búsquedas pero sobre todo con las acciones que protejan a los 66 afectados, o quizá más, que se hayan en situación de peligro.
Al no tenerse certidumbre alguna sobre los procedimientos ilegítimos a los que acudirá el segmento del Cártel de Sinaloa que se dice afectado por robo, la misión del Estado tendrá que centrarse en buscar los mecanismos para que en la circunstancia que sea prevalezca la ley y se les garantice el respeto pleno a los derechos humanos de quienes se hallan en medio de esta crisis de seguridad pública.
Al haber mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores entre los que fueron sacados de sus hogares y retenidos contra su voluntad la tarea sigue inconclusa de parte de las autoridades estatales, Ejército Mexicano y Guardia Nacional que desde el 22 de marzo instalaron la correspondiente mesa y operación permanente hasta atender por completo la coyuntura que de nuevo pone en zozobra a Sinaloa entero.
Corresponde al Gobierno de Sinaloa llevar a buen término el actual episodio de inseguridad y a los ciudadanos en general le toca mantener la exigencia de que todas las víctimas estén a salvo y se reintegren a sus hogares y actividades, no obstante que la intervención social también tiene que ver con crear ambientes adecuados donde las instituciones competentes hallen condiciones para hacer lo correcto, sin que desde la opinión pública sean lanzadas conjeturas que le agregan riesgo a quienes tres semanas después aún son rehenes del miedo que infunde el crimen organizado.
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