Como si se tratara de la culminación de un guión pacientemente ensayado e implementado, la aparición de los dos miembros del Partido Sinaloense que el sábado fueron reportados como posibles víctimas de privación ilegal de la libertad anuncia la repetición también del silencio de los afectados y las autoridades en cuanto a las características y motivaciones de un suceso que ocurre al iniciar la fase más intensa del proceso electoral por las campañas locales activadas ayer.
Tanto el gobernador Rubén Rocha Moya como el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, confirmaron hoy que Luis Alfonso García Corral, candidato pasista a regidor de Culiacán, y Juan Francisco Cerón Beltrán, militante del mismo partido, se habían reencontrado con sus familias, sin ahondar en quiénes perpetraron el delito, ni cómo o por qué, dejando así en el aire las hipótesis de políticos, autoridades y ciudadanos.
Cuén Ojeda había atribuido la supuesta desaparición de sus correligionarios “a los malosos que es esa delincuencia organizada que es el Gobierno del Estado”, mientras que Rocha al hacer el compromiso de encontrar a los dos pasistas mediante el uso de la mayor fuerza pública le respondió al dirigente del PAS que “si sacamos hipótesis políticas irresponsables, entonces no puede descartarse la idea y la posibilidad de que sea un autosecuestro”.
Por tales conjeturas sembradas por ambas parte del diferendo trasladado a la presente coyuntura electoral, resulta importante que a la opinión pública se le hable con la verdad jurídica como elemento de base para apuntalar certidumbre en la seguridad pública y la percepción de la democracia como un sistema sólido frente a intentos por descarrilarla con las herramientas de mentiras, montajes y victimizaciones.
Todo lo que se dijo durante los casi tres días que García Corral y Cerón Beltrán se ausentaron de sus familias y de su partido, exige la clarificación mediante la acción de la Fiscalía General del Estado con las indagatorias que realizó o las que efectuará. Más allá del afortunado desenlace en este hecho que intrigó a los ciudadanos y enfrentó a los políticos, la ley debe cerrar la pinza aplicando las sanciones que correspondan a quienes sean que hayan incurrido en actos delincuenciales.
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