No es tan ambiguo como parece el anunció que hizo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que instruye a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que busque acuerdos entre el gobierno de Rubén Rocha Moya y la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero “desde luego apegarnos a lo que establece la legalidad, qué tipo de acusaciones son las que se han presentado, si hay pruebas, si son acusaciones justas también, sin tolerar la corrupción de nadie pero revisar y buscar acuerdos”.

La interpretación que le darán las partes en conflicto por supuesto que contrastará pues para el rector en funciones, Robespierre Lizárraga Otero, y el rector destituido por orden judicial, Jesús Madueña Molina, significaría la posibilidad de que la “negociación” los saque con impunidad de los delitos que presuntamente cometieron ellos y otros funcionarios universitarios, mientras que para la Fiscalía General del Estado representaría el aval presidencial para continuar con los debidos procesos de la justicia en curso por el uso indebido de recursos públicos y el desempeño irregular de cargos en la UAS.

Sin ser autoridad en el ámbito judicial, el jefe político de las instituciones nacionales interviene en un diferendo que, según él, fue sobrecalentado por el calor de las campañas políticas, aunque la injerencia podría ser traducida en la imparcialidad donde sólo la ley estrictamente implementada determine si existen ilícitos y en caso de haberlos que los infractores paguen las consecuencias jurídicas correspondientes.

 

El posicionamiento de López Obrador es muy claro y pese a no ser tan contundente sí le manifiesta el apoyo al gobernador Rubén Rocha Moya en la parte de las diligencias de orden penal que vienen para el desahogo de pruebas y la definición de sentencias o exenciones. “Ahora va a encontrarse una salida, estoy seguro porque esto se mezcló con la cuestión electoral, ya ven no solo es Sinaloa, fue todo México, subió la temperatura, el ruido, y así es en todo el mundo donde hay elecciones”, consideró el presidente.

Como antecedente, el miércoles 12 de junio el juez del caso le impuso una multa por dos millones de pesos a Jesús Madueña, por cobrar sueldo como rector a pesar de estar suspendido en el desempeño del cargo desde el 17 de octubre de 2023.

 

Al precisar López Obrador que no habrá impunidad en el caso UAS ¿se refiere a este endurecimiento de la acción de la justicia mostrado después de que los indiciados han acudido a tantas argucias jurídicas para evitar que el Poder Judicial del Estado les inicie los juicios a que han sido vinculados?

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