Sí es importante que el Congreso de Sinaloa aprobara ayer reformas a leyes para tipificar como delitos todas aquellas conductas que provoquen, inciten o apoyen a difundir acciones o expresiones verbales y/o escritas de cualquier tipo basadas en odio, violencia o discriminación contra cualquier persona o grupos de personas, pero lo más trascendente ocurrirá cuando tales disposiciones legales pasen del papel a los hechos.
La norma llega en el momento preciso porque están por entrar a sus fases cruciales las campañas electorales de partidos y candidatos que pretenden cargos federales y estatales de elección popular, campo idóneo para que desde la política se siembren semillas de intolerancia y odio promoviendo que germine la alevosa eliminación del contrario a través de infamias que se atienen al razonamiento torcido de “calumnia, que algo queda”.
Las reformas para combatir este tipo de delitos son un logro del Poder Legislativo, no obstante que será un avance mayor al momento en que las autoridades de procuración de justicia implementen las acciones, tecnologías y sobre todo la voluntad para investigar, localizar y poner a disposición de los tribunales a delincuentes embozados en el espectro cibernético para desde allí atacar sin más motivo que de la ira y la irracionalidad.
Está bien que existan leyes que convierten en punible la denostación mediante el odio que es alentada por la impunidad dada a quienes cometen dichos ilícitos, aunque debe acudirse también a recursos tecnológicos y de indagación ministerial que permiten dar con tales delincuentes. Actualmente las fiscalías y jueces han logrado integrar algunas carpetas de investigación y vinculaciones a procesos contra personas o grupos que cometen este tipo de delitos.
El discurso de odio adquiere fuerza precisamente por la inacción de la ley frente a persistentes violentadores de disposiciones jurídicas que ya existen y son letra muerta.
Ojalá que en Sinaloa lo hecho por el Congreso marque el punto de inicio para que las autoridades apliquen con mano firme la norma aprobada, sin pasar por alto son el poder público, partidos políticos y delincuencia organizada los que más orquestan la agresión con el arma del infundio.
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