Ahora es la Auditoría Superior de la Federación la que coloca la lupa fiscalizadora sobre las finanzas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y encuentra los mismos manejos irregulares de recursos públicos que la Fiscalía General del Estado acusa en las carpetas de investigación presentadas en los juzgados contra el ex rector Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga, el rector que está en funciones más allá del período que la ley orgánica le permite.
Un asunto legal que se había mantenido en litigios locales y por lo tanto los coacusados han optado por la vía política para defenderse, alegando persecución política y ataque a la autonomía de la UAS, escala al ámbito federal que ratifica los hallazgos de posible daño a las finanzas universitarias por 33 millones de pesos, solamente en lo que corresponde a la revisión del año 2022, por contratos anómalos otorgados a ocho proveedores, pulverizando las compras e involucrando a funcionarios de la Universidad que a su vez son militantes o directivos del Partido Sinaloense.
“Con la revisión de 54 expedientes de adquisiciones, se constató que la Universidad Autónoma de Sinaloa no presentó evidencia que acreditara la entrega de los bienes adquiridos por concepto de logos de aluminio, productos cárnicos, artículos de limpieza, equipo de cómputo, artículos de tlapalería, pintura, esmalte, sobres y etiquetas para titulación por un monto de 33,104.2 miles de pesos”, resuelve la Auditoría Mayor.
En la misma labor de fiscalización a la UAS la ASF detectó mil 706 distintas irregularidades, entre éstas el pago ilegal de salarios a 65 trabajadores por un monto total de 5 millones 62 mil 590 pesos, así como contrataciones y gastos por 91 millones de pesos beneficiando a personas que no cuentan con el perfil académico para desempeñar el puesto autorizado.
A los directivos de la UAS en calidad de ex o en desempeño de funciones se les agotan los discursos con los cuales tratan de victimizarse y se les acumulan los elementos de prueba que sustentan los procesos penales que eluden a través de repetidas y burdas maniobras legaloides. Tal vez la justicia ralentizada y permisiva en lo local, que tolera las coartadas que retrasan la labor judicial, actúe con mayor celeridad en la esfera federal para hacer valer la ley y rescatar a la Universidad de aquellos que utilizan para fines personales recursos públicos que sin detrimento alguno deben aplicarse a darles educación de calidad a más de cien mil sinaloenses.
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