Texto: Alejandro Ruiz
Foto: David G Silvers. Cancillería del Ecuador / Wikipedia

CIUDAD DE MÉXICO. – Este 26 de marzo, el Tribunal Supremo del Reino Unido decidió aplazar la decisión sobre la extradición del periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange.

En una audiencia vigilada internacionalmente, los jueces británicos pidieron a los Estados Unidos que aseguren que, en caso de aprobar la extradición de Assange, su juicio será respetando la primera enmienda norteamericana (que defiende la libertad de expresión), además de garantizar que no se le aplicará la pena de muerte y que no se le juzgará por motivo de su nacionalidad.

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El plazo que tiene Estados Unidos para probar estas garantías vencerá el próximo 16 de abril, aunque la audiencia está programada para reanudarse el próximo 20 de mayo. En esa fecha, el Tribunal Supremo del Reino Unido determinará si le conceden el derecho de apelación al fundador de Wikileaks, quien actualmente enfrenta 17 cargos por espionaje e intrusión informática.

Si Estados Unidos no ofrece pruebas el 16 de abril, la justicia británica otorgará el derecho de apelación a Assange.

A Julian Assange le podrían imponer 175 años de prisión, o incluso la pena de muerte (según las autoridades estadounidenses), pues se le acusa bajo una arcaica ley de espionaje vigente desde 2017 que nunca se ha aplicado a algún periodista.

El delito que cometió Assange, según los Estados Unidos, fue publicar en 2010 las filtraciones de miles de cables del gobierno estadounidense en Wikileaks, entre los que destaca información sobre crímenes de guerra cometidos por ese país en Irak, Afganistán y Guantánamo. Sin embargo, su familia y defensa legal sostienen que el caso de Assange es el de una persecución política.

Assange, el preso político el imperio

Tras la audiencia, el hermano de Julian Assange, Gabriel Shipton, publicó en sus redes sociales:

«Julian vive para luchar otro día. Una decisión muy extraña de los tribunales, que piden más garantías políticas: otro reconocimiento de la naturaleza política del caso. Liberen a Julian Assange».

Y su afirmación no parece equivocada.

En 2012 el fundador de Wikileaks solicitó refugio en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, esto, porque el gobierno de Suecia abrió una investigación en su contra por un supuesto delito de violación. Assange negó las acusaciones, e inclusive en 2019 el gobierno de Suecia cerró la investigación.

Sin embargo, en esos mismos años, el fundador de Wikileaks sostuvo que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) tramaba un complot en su contra para drogarlo y asesinarlo, y por eso la solicitud de refugio.

Tras la elección de Guillermo Lasso en Ecuador, en 2019 el gobierno sudamericano decidió retirar el asilo político a Julian Assange, y lo entregó a la justicia británica. En ese momento, las autoridades del Reino Unido lo encarcelaron por haber incumplido los términos de su libertad condicional obtenida en 2010.

La sanción, supuestamente, era de 50 semanas en prisión. Sin embargo, desde 2019 Assange ha estado encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, totalmente aislado.

Ese mismo año, Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura, aseguró que la vida de Assange estaba en riesgo debido a la «exposición prolongada a la tortura psicológica».

Este informe hizo que en 2021 otro tribunal del Reino Unido afirmara que el fundador de Wikileaks corría un alto riesgo de suicidio para realizar su extradición. Sin embargo, las acusaciones de los Estados Unidos persisten, aún cuando por las características de los delitos que se le imputan se encuentran fuera del Tratado de Extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos.

En realidad, como acusa su familia y su defensa legal, el castigo que está recibiendo el fundador de Wikileaks es por proceso y «es un ataque a la libertad de prensa y va de la mano con los ataques del gobierno a la protesta política, la legislación antisindical y las limitaciones a la libertad de expresión».

El destino es cruel. Si Assange es extraditado, su muerte estaría garantizada, y también sentaría un precedente que debería provocar escalofríos a todos los periodistas y activistas del mundo: que el gobierno más poderoso de Occidente puede condenarte por denunciar sus excesos.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar su publicación.