El enfrentamiento con armas de fuego entre civiles, sucedido en el poblado La Rastra, de la zona alta del municipio de Rosario, demuestra que la violencia de alto impacto está dispersa en el territorio sinaloense y por lo tanto las acciones de la fuerza pública federal y estatal deben extenderse también hacia las regiones de Sinaloa donde las familias están en riesgo por choques frecuentes entre grupos del crimen organizado.
De acuerdo a los reportes policiacos e información emanada de los habitantes de la zona del conflicto, el enfrentamiento duró alrededor de cuatro horas, salieron a relucir arsenales bélicos en manos de delincuentes, y éstos procedieron a quemar un camión de la ruta El Rosario-La Rastra para retrasar la llegada al lugar del Ejército y Policía que finalmente arribaron a tomar el control de la situación.
Los eventos de inseguridad se perpetran en diferentes comunidades del estado, tal como sucedió en la comunidad Leopoldo Sánchez Celis el 23 de junio por la incursión del Ejército y Marina Armada para detener a uno de los cabecillas del narcotráfico; el saqueo de las tumbas de la familia de los Dámaso López, padre e hijo, en la cabecera municipal de Eldorado, a finales de julio, y el asesinato de tres personas en El Espinal, municipio de Elota, entre éstas los hermanos José Ricardo y Martín García Corrales, señalados por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles de las drogas.
Esto demuestra que más allá de Culiacanazos, como se le registra a todo hecho de violencia de alto impacto que se registre en la capital de Sinaloa, se trata de pugnas entre integrantes de organizaciones del narcotráfico derivadas de la lucha por tomar controles que quedaron acéfalos desde la extradición del “Chapo” Guzmán a Estados Unidos, en enero de 2017, y la entregada pactada o forzada del “Mayo” Zambada a las autoridades de aquel país, el 25 de julio de 2024.
Los Culiacanazos del 17 de octubre de 2019 y del 5 de enero de 2023, y el que estuvo a punto de ser el reciente 29 de agosto, han marcado un modus operandi criminal que parte de sembrar el caos y miedo con hechos sensacionalistas que al diseminarse en redes sociales contribuyen a la generalización de la anarquía. Si acaso llegaron para quedarse tales modos de crear ingobernabilidad, a las autoridades e instituciones legítimas les corresponde crear los manuales y capacitar a la ciudadanía pacífica para que evite ser presa de la psicopatía del terror.
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