Sinaloa atraviesa una crisis estructural en materia de corrupción que ya está deteriorando la confianza ciudadana, debilitando a las instituciones públicas y agravando problemas de seguridad, impunidad y gobernabilidad, advirtieron integrantes de organismos ciudadanos anticorrupción tras los más recientes resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI.

De acuerdo con el estudio, Sinaloa se ubicó como la tercera entidad del país con mayor tasa de víctimas de corrupción, además de registrar un aumento tanto en la percepción ciudadana como en la incidencia de actos corruptos respecto a mediciones anteriores.

Para Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa, los resultados reflejan la persistencia de prácticas irregulares en trámites y por parte de servicios públicos, así como un desgaste profundo en la confianza hacia las instituciones por parte de la ciudadanía.

“La corrupción en Sinaloa no puede analizarse de manera aislada, sobre todo en un contexto marcado por violencia, impunidad y crisis de confianza pública. Los datos hacen un llamado a seguir fortaleciendo los mecanismos anticorrupción, y no debilitarlos como se pretende con la nueva Ley de Transparencia presentada por el ejecutivo”, señaló.

 

La activista advirtió que la falta de resultados en el combate a la corrupción está normalizando prácticas ilegales y generando una percepción de impunidad dentro de las estructuras gubernamentales para con la ciudadanía.

Como ejemplo de formas en que el aumento en la corrupción afecta a la sociedad sinaloense, mencionó las recientes denuncias públicas del sector empresarial sobre casos recurrentes de extorsión, particularmente las emitidas por Daniel Félix, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

El dirigente apuntó que funcionarios de la Secretaría del Bienestar del Estado de Sinaloa (SEBIDES) extorsionaban con hasta 20 mil pesos por trámites de impacto ambiental.

“Es muy grave y muy lamentable porque significa que las políticas para prevenir estos actos de corrupción están fallando. Por ejemplo, el tema de las extorsiones, está aumentando. Esto perjudica y lastima las instituciones en el tema de la confianza ciudadana hacia las mismas”, sostuvo León.

 

Por su parte, Lucía Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, afirmó que Sinaloa enfrenta una “falla estructural” en sus mecanismos anticorrupción y acusó que el sistema actualmente opera con simulación, falta de coordinación y ausencia de sanciones efectivas.

“No estamos hablando solamente de funcionarios que cobran sobornos. Estamos hablando de redes de macrocriminalidad donde participan funcionarios, empresarios y crimen organizado”, declaró.

 

Mimiaga sostuvo que el Sistema Anticorrupción en México y en Sinaloa quedó rebasado frente a esquemas criminales cada vez más complejos y ligados a actividades ilícitas de gran escala. También cuestionó que los casos de corrupción más relevantes no estén siendo abordados por las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos.

“El sistema se quedó sin dientes. Las recomendaciones no son vinculantes y las autoridades simplemente pueden ignorarlas”, afirmó.

 

Ambas especialistas coincidieron en que el debilitamiento de los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública representa un riesgo adicional para la rendición de cuentas en la entidad. León criticó particularmente la iniciativa de reforma en materia de transparencia impulsada por el gobierno estatal, al advertir que podría ampliar la opacidad sobre investigaciones contra servidores públicos.

La crisis de corrupción en Sinaloa agrava inseguridad y favorece impunidad

 

Mimiaga advirtió que en estados con altos niveles de violencia, como Sinaloa, la corrupción dentro de corporaciones de seguridad pública y gobiernos municipales incrementa la desconfianza social y favorece redes de impunidad, así como posibles violaciones a los derechos humanos.

Indicó además que la falta de castigo administrativo y penal contra funcionarios señalados por irregularidades ha profundizado la percepción de que denunciar no sirve. “La ciudadanía está viendo que no pasa nada, que no hay consecuencias”, dijo.

Tanto Iniciativa Sinaloa como el Comité de Participación Ciudadana coincidieron en que el combate a la corrupción requiere reformas profundas al Sistema Nacional Anticorrupción y mayor participación ciudadana.

Entre las propuestas planteadas están otorgar carácter obligatorio a las recomendaciones emitidas por organismos ciudadanos, fortalecer órganos internos de control municipales y garantizar autonomía real a las instituciones fiscalizadoras.

También advirtieron que, de no corregirse el rumbo, Sinaloa podría enfrentar una crisis aún mayor de gobernabilidad y confianza pública.

“Ya tenemos una crisis de seguridad, una crisis política y una crisis económica. Seguir debilitando instituciones y minimizando la corrupción solo profundizará el problema”, alertó Marlene León.

El panorama de la corrupción en Sinaloa

 

Sinaloa se ubicó como la tercera entidad con más víctimas de corrupción en México, con una tasa de 19 mil 836 personas afectadas por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental 2026 del INEGI. La cifra coloca al estado por encima del promedio nacional y representa un deterioro frente a la medición de 2023, cuando ocupaba el cuarto lugar nacional.

Además de la incidencia de corrupción, el estudio reflejó un fuerte desgaste en la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas. El 88.6% de la población sinaloense considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción, particularmente en interacciones con corporaciones de seguridad pública y trámites relacionados con propiedad y registro de empresas.

La confianza en el gobierno estatal también registró una caída pronunciada: pasó de 56% en 2023 a solo 27% en 2026, posicionando a Sinaloa entre las entidades peor evaluadas del país en este indicador. El deterioro ocurre en medio de la crisis de violencia, económica y política que enfrenta el estado desde septiembre de 2024, marcada por la guerra interna del cártel de Sinaloa y las recientes acusaciones de presunta narcopolítica contra funcionarios y exfuncionarios estatales.

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