Culiacán, Sinaloa.- Al inicio, aquel 9 de septiembre del 2024, la llamábamos “culiacanazo”, un apodo heredado de lo ocurrido el 17 de octubre de 2019, cuando un operativo federal fallido para capturar a Ovidio Guzmán López derivó en que el crimen organizado tomara parte de la ciudad de Culiacán. Ahora, dos años después y con una crisis que ha experimentado diferentes etapas, lo nombramos como la “guerra interna del Cártel de Sinaloa” o la “narcoguerra”, un periodo de violencia que se ha mantenido activo en gran parte del territorio de Sinaloa.

Para activistas, este contexto ha significado vivir con instituciones rebasadas y, además, ha terminado por profundizar otros problemas que ya existían en el estado.

La violencia no termina en las balas

 

Para Heydi Mares, activista feminista y por los derechos humanos, una de las consecuencias de estos dos años ha sido reducir la percepción de la violencia a los enfrentamientos, asesinatos o hechos que ocurren directamente con armas de fuego, dejando de dimensionar cómo este contexto también ha modificado las condiciones en las que suceden otras violencias.

Entre ellas menciona las desapariciones, la violencia contra las mujeres, las infancias, la población LGBT y la violencia sexual.

Desde 2025, colectivas feministas ya advertían sobre la posibilidad de que estas agresiones se agravaran y que los derechos alcanzados quedaran comprometidos ante este contexto. Según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, durante la guerra han sido asesinadas por lo menos 231 mujeres.

Agosto de 2026, con la guerra activa, cerró como el mes con más mujeres asesinadas desde que la FGE lleva el registro, en 2005.

Otro sector afectado por la situación han sido las infancias, no solo por el hecho de que muchos niños están creciendo con la guerra como el único estilo de vida que conocen, sino porque, de acuerdo con información obtenida mediante solicitudes de información realizadas a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Salud, entre septiembre de 2024 y abril de 2026 fueron asesinados 250 niños, niñas y adolescentes por heridas de bala en el estado.

“Estamos hablando de que este niño Juan Alejandro, como muchos otros, nace ya estando instalado esto (…) Nace ya en esto y muere por la misma causa. Estamos hablando de que hay infancias que no van a conocer lo que es vivir fuera de territorio de guerra, pues eso es bien difícil de asimilar”, narró Mares.

También ocurre con las desapariciones.

Yodeli Benítez, lideresa del colectivo ¿Dónde están?, no conoce otra forma de buscar a una persona desaparecida que no sea dentro del contexto de violencia y con los protocolos que se deben tener para realizar una búsqueda. El colectivo fue fundado el 17 de agosto del 2025 y está compuesto mayormente por casos ocurridos dentro del periodo de la crisis de violencia.

“Desde que empezó la guerra, empezó para mí una pesadilla donde yo no decidí estar, donde las circunstancias me llevaron a ser una madre buscadora. Cuando nosotros no teníamos ni idea de lo que era un colectivo, de lo que era una búsqueda, de lo que era este dolor”, explicó Yodeli.

Según información publicada por ESPEJO, desde 2024 se han registrado 4,300 desapariciones, siendo Sinaloa la quinta entidad del país con más personas desaparecidas, de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, y siendo jóvenes de entre 17 y 35 años las principales víctimas de desaparición forzada.

Dentro de la experiencia del colectivo ¿Dónde están?, han sido varias las ocasiones en que han detenido búsquedas por la presencia de hombres armados en el territorio o porque, directamente, han sido amenazadas por estos hombres para que abandonen la búsqueda.

“Es sobrevivir cada día, en cada búsqueda; es sobrevivir en cada búsqueda ante la delincuencia (…) Nos hemos topado con gente armada, con lugares muy peligrosos, con el clima extremo. Hemos tenido que salir a búsquedas con nuestros propios medios, con apoyo de seguridad y sin apoyo de seguridad”, dijo la lideresa.

La activista Heydi Mares explica que esto no significa necesariamente que cada feminicidio, infanticidio, desaparición o cualquier otro suceso esté relacionado con la disputa criminal, sino que terminan ocurriendo dentro de un estado militarizado, precarizado y con instituciones que se ven rebasadas por la situación.

El Gobierno de Sinaloa ha apostado por combatir al crimen organizado mediante el reforzamiento de las fuerzas de seguridad locales y federales. Sin embargo, según activistas, esta estrategia no ha logrado contener la crisis.

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, comentó en una entrevista que, aunque han tenido avances en materia de seguridad, aún no han cumplido con la meta de hacer sentir seguros a los ciudadanos.

“Hay esfuerzos importantes. Lo que nos interesa es que recuperemos nuestras calles. Hay un trabajo, lo hemos dicho, hay avances, pero no han logrado ser suficientes para hacer que la ciudadanía se sienta totalmente segura. Pero hay un esfuerzo ahí presente y nunca vamos a minimizar un evento de esta naturaleza”, declaró la gobernadora acerca de los dos años de violencia.

 

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