El presidente Andrés Manuel López Obrador se colocó él y todo el régimen autodenominado de la Cuarta Transformación bajo la poderosa lente ciudadana por el desmantelamiento constitucional que propuso el lunes, al conmemorarse el 107 aniversario de la Carta Magna de México, donde le hace llegar al Congreso de la Unión 20 iniciativas de reformas que afectan a órganos autónomos, al Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral, entre otras áreas fundamentales.

En las próximas semanas, que son las mismas que marcan el ocaso del mandato de López Obrador, todos los que integran la 4T como son los gobernadores, senadores y diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional, estarán bajo la mirada acuciosa de los mexicanos para verificar si se suman al que quizá sea el último desplante autoritario presidencial para acabar con los contrapesos y luchas cívicas.

 

Embozadas como “reformas para el pueblo” las iniciativas ocasionan el estado de alerta y alientan la movilización ciudadana por los signos de absolutismo que asoman como en ningún otro cierre de sexenio y ante la proximidad del proceso electoral para designar al sucesor del Ejecutivo Federal, lo cual le añade mayor tensión al ambiente nacional que ya tiene demasiada tirantez por la violencia, odios alentados desde el púlpito presidencial, y las investigaciones de Estados Unidos sobre la narcopolítica mexicana.

El presidente se ausentó de la ceremonia oficial que se realizó en Querétaro para celebrar la promulgación de la Constitución de 1917, al igual que lo hizo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, desdeñando una fecha tan importante por el establecimiento de orden y legalidad que por cierto y lamentablemente es López Obrador quien se empeña en quebrantar en su afán por el predominio personal y cuatroteísta por encima del Estado de derecho.

Es el momento de que la oposición en las Cámaras de Diputados y Senadores, y los mexicanos como poder supremo, organicen las barreras que detengan la intención presidencial por demoler instituciones y normas cardinales para la paz, justicia, democracia y participación ciudadana.

 

Así sea el intento por inducir al País hacia la dictadura, o bien un elemento distractor que le quite la atención a los actuales problemas graves, por ninguna razón México debe transitar al colapso constitucional.

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