Culiacán, Sinaloa.- Ninguna de las inversiones en obra pública planteadas en el Plan de Reactivación Económica del Gobierno del Estado atiende al sector terciario o de servicios, el principal sector afectado por el clima de inseguridad que lleva ya cuatro meses en Sinaloa, advierte el economista Rafael Figueroa Elenes.

Mientras no existan condiciones de seguridad, plantea, ni las empresas van a abrir, ni van a regresar las que ya se fueron, ni se van a ampliar los horarios de comercios o restaurantes; quienes trabajan, o trabajaban en este sector, añade, seguirán siendo afectados.

“Ninguna de esas inversiones en obra pública van a resolver ese problema, ahí se requieren otras medidas que tienen que ver con buscar cómo resolver la inseguridad, señala.

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Este viernes 10 de enero el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la solicitud del Gobierno de Sinaloa para pedir un crédito por 2 mil 300 millones de pesos, recursos que se destinarán a un Plan de Reactivación Económica para la entidad.

Este plan consiste en 36 obras públicas en los 20 municipios del estado que en su mayoría serán obras de pavimentación y rehabilitación de calles, caminos y puentes. Pero también algunas escuelas, un relleno sanitario para Mazatlán, la rehabilitación del sistema de drenaje y una planta potabilizadora de agua en Ahome, una escuela de medicina en Guasave y un centro de convenciones en Culiacán.

 

Y aunque las inversiones en obra pública tienen efectos multiplicadores que ‘arrastran’ o ‘levantan’ a diversos sectores de la economía, para Figueroa Elenes es importante tomar en cuenta que en Sinaloa el sector económico más importante es el de servicios.

El economista indica que, tan solo el comercio y los servicios representan más del 75 por ciento de la estructura productiva de Sinaloa, mientras que la construcción no alcanza ni el seis por ciento. “Es importante este esfuerzo, pero a todas luces, resultará insuficiente”, añade.

En este sentido, para Figueroa Elenes, el discurso del Gobierno de Sinaloa en cuanto al Plan de Reactivación hace como si no existiera el conflicto violento que vive la entidad.

“Me parece que el discurso que se está utilizando para la llamada reactivación económica hace como si no existiera, que no hay tal conflicto”, lamenta.

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La sensación del doctor en Economía se confirma al revisar la iniciativa de decreto enviada al Congreso de Sinaloa en la que, en su exposición de motivos, en ningún momento hace referencia a la crisis de seguridad iniciada el pasado 25 de julio, cuando en un operativo implementado por fuerzas estadounidenses, se capturó a Ismael “El Mayo” Zambada y se asesinó a Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán.

Por otro lado, el decreto firmado por el gobernador Rubén Rocha Moya, justifica la solicitud del crédito en gastos derivados de deudas pendientes de pasadas administraciones, una inversión extraordinaria para la comercialización del maíz de 6 mil millones de pesos, y dos resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligan al Gobierno de Sinaloa a pagar 2 mil 300 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a 12 auditorías con errores realizadas a las empresas Coppel y Grupo Ahre.

Estos 2 mil 300 millones de pesos que el Gobierno de Sinaloa tendrá que pagar por la actuación irregular de la Secretaría de Administración y Finanzas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel, orillaron a que el presupuesto estatal de obras para este 2025 disminuyera en 82 por ciento.

“Dos mil 200 millones son un año de obra pública. Les estoy diciendo que cada año tenemos 2 mil 200 millones para esto, ahora vamos a pagar 2 mil 200 millones que no tenemos”, dijo el gobernador en una conferencia semanera a finales de noviembre. 

Esta situación, indicaron empresarios y economistas, agravaría la crisis generada por la violencia; crisis que, hasta finales de noviembre, se tradujo en una pérdida de alrededor de 18 mil millones de pesos, según el cálculo de la presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, Cristina Isabel Ibarra Armenta.

Además de la pérdida de más de 2 mil 300 empleos formales en 2024 según cifras oficiales del IMSS; situación que solo había ocurrido una vez en la historia reciente de Sinaloa, con la pandemia de Covid-19 en el 2020. Para Ibarra Armenta, está cifra de pérdida de empleos ilustra como la violencia no permite que haya crecimiento económico.

Como consecuencia, representantes de cámaras empresariales como Canaco, Canacintra y Coparmex resultaron decepcionados del Plan de Reactivación.

“Está muy interesante el plan, pero quisiera que hubiera poquito menos obra y se vea más inversión en seguridad. Nosotros estamos generando inversión actualmente, pero nos urge la seguridad, dijo María Guadalupe Zavala Yamaguchi, presidenta de la Canaco en Culiacán.

Días después, a través de un comunicado, la Coparmex Sinaloa consideró que este crédito de 2 mil 300 millones de pesos para obra pública no es lo que necesitan las empresas de Sinaloa en estos momentos.

En cambio, sugirieron acciones como diferir y aplicar descuentos a sus cuotas patronales, acceso a créditos desde 200 mil pesos con condiciones flexibles, cancelar multas y recargos y mantener descuentos de hasta 100% en impuestos estatales y fortalecer la seguridad con operativos preventivos en zonas comerciales y de alta afluencia.

“El gasto público debe enfocarse en salvaguardar la seguridad, el empleo y la estabilidad social”, señaló la Coparmex. 

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Sin embargo, el Doctor Rafael Figueroa Elenes va más allá al señalar que, sin demeritar la grave situación de inseguridad y crisis económica a raíz de la violencia, Sinaloa tiene un rezago económico histórico que no se ha podido superar desde la pandemia de Covid-19.

Este rezago, añade, mantiene a Sinaloa entre los estados de menos crecimiento en los últimos 40 años, con tasas de crecimiento muy por debajo de la media nacional, e incluso de regiones vecinas con condiciones similares a la entidad.

Más recientemente, señala, Sinaloa no ha podido alcanzar los niveles de producción previos a la pandemia; en el 2023, último año del que se tiene registro, la producción estatal fue más baja que la del 2018 e incluso que la del 2017.

“No es solamente lo que está pasando con el actual Gobierno del Estado, no es solamente el problema de la sequía, no solamente el problema de la inseguridad, que son muy importantes; sino que ya veníamos arrastrando desde hace años un rezago en términos económicos más que evidente”, indica Figueroa.

“El tamaño del rezago es tan importante que me parece que esto que se intenta hacer no resultará suficiente como para activar a la economía sinaloense; y peor aún, me parece que será insuficiente para recuperar también la pérdida de empleos y la pérdida de actividad económica que hemos sufrido por el problema de la inseguridad y la violencia en los últimos meses”, puntualiza el economista.

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Rafael Figueroa plantea que, al inicio de su administración, el Gobierno de Sinaloa se puso metas económicas poco ambiciosas con el fin de alcanzarlas con relativa facilidad. Esto ha hecho que, de inicio, la actual administración haya, de cierto modo, renunciado a superar los rezagos económicos de la entidad.

En contraparte, Figueroa aboga por una especie de “Plan Sinaloa” que emule al “Plan México” que presenta Claudia Sheinbaum este lunes 13 de enero; así como un propio Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) que trace metas ambiciosas y planteé objetivos no solo a corto plazo, como lo hace la actual administración.

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